El eurodiputado de EH Bildu, Josu Juaristi, planteó a finales del pasado mes de noviembre una pregunta a la Comisión Europea sobre la posible vulneración de derechos fundamentales por parte del Estado español al transponer la decisión marco europea que obliga a los estados miembros a tener en cuenta las condenas cumplidas en otros estados.

La Ley Orgánica 7/2014 aprobada en el Estado español el 12 de noviembre de 2014 incorporó dicha Decisión Marco, pero excluyendo expresamente el reconocimiento de los efectos de las sentencias extranjeroas, con lo que, remarca Juaristi, «trata de impedir la acumulación de sentencias y las penas cumplidas en el Estado francés» por parte de presos vascos, prolongando muchos años, hasta diez, su estancia en prisión.

El eurodiputado abertzale constata que casi 50 presos han realizado solicitudes de acumulación de penas y que siete de ellos deberían ser puestos en libertad de inmediato de contabilizarse la condena cumplida en cárceles francesas. Las penas del resto se reducirían sensiblemente.

La Comisión Europea ha respondido que «toma nota de que España todavía no ha notificado a la Comisión las disposiciones» relativas a la incorporación de la citada decisión marco. Juaristi denuncia que es «inaceptable» que las autoridades españolas sigan sin notificar a la CE la citada ley, «más cuando fue adoptada en noviembre de 2014 y está siendo aplicada diariamente».

«Entendemos –apunta Juaristi– que nos encontramos ante una indebida transposición de la normativa europea que vulnera el derecho a la libertad y el retraso de la notificación sugiere que el Estado español es perfectamente consciente de ello».

En su respuesta a la pregunta del eurodiputado abertzale, el equipo de Jean-Claude Juncker añade que «si procede, se podrá hacer uso de las facultades que otorga el Tratado para resolver los problemas de no notificación o incumplimiento, incluso mediante procedimientos de infracción».

No es la primera vez en que Bruselas advierte con tomar medidas. El pasado mes de octubre, en una respuesta a la eurodiputada jeltzale Izaskun Bilbao, la comisaria de Justicia de la Comisión Europea, Vera Jourová, advirtió al Estado español con sanciones si sigue negándose a aplicar la doctrina europea sobre el descuento de penas.

Bilbao indicó entonces que no cabía concretar por el momento qué tipo de castigos utilizaría la Comisión, pero que la decisión en sí demostraba la gravedad del tema.

Como se recordará, a finales de 2014 y principios de 2015 en el Supremo y la Audiencia Nacional hubo amplio debate jurídico sobre la cuestión, e incluso algunas excarcelaciones como las de Santi Arrozpide y Alberto Plazaola luego revocadas, pero finalmente se impuso un cierre de filas para incumplir el criterio europeo. Paralelamente se descartó la opción, planteada por algunos jueces, de formular una consulta (cuestión prejudicial) al Tribunal de Luxemburgo, que probablemente hubiera solucionado la cuestión de modo rápido y en favor de los presos.