La Audiencia Nacional ha anulado la resolución de setiembre de 2014, emitida por el Ministerio del Interior, que negaba a la viuda y la hija de Tomás Alba la indemnización correspondiente a las víctimas de acciones terroristas. El Estado tendrá que pagarles 90.424 euros por el atentado que causó la muerte en Astigarraga el 28 de setiembre de 1979 a este concejal de Donostia, reivindicado por el grupo ultra Batallón Vasco Español.

Lo especialmente grave en este caso es que el Ministerio del Interior se escudó para ello en que Alba pertenecía a Herri Batasuna –por aquel entonces una mera coalición electoral– y que esta fuerza fue ilegalizada por una sentencia que le vinculaba con ETA. Cabe recordar que esto ocurrió en 2003, es decir, 24 años después de aquel atentado mortal. De hecho, HB no sería legalizada como partido político hasta 1986.

El recurso presentado por Iñigo Iruin en nombre de la familia recordaba entre otras cosas que a Alba ya se le había reconocido condición de víctima del terrorismo con anterioridad. En concreto, a la familia se le concedieron indemnizaciones menores en 1997 (por un decreto de 1979, casi veinte años antes) y en 1999 (por aquel sorteo de lotería extraordinario de 1997), además de una más cuantiosa en 2000 (derivada la ley de 1999). En función de la norma posterior de 2011,  de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, le corresponden 90.424 más, que son los que ha intentado sustraerle el Gobierno del PP con ese peregrino argumento.

No se trata de un caso aislado, dado que en los últimos años se han denegado varias indemnizaciones de este tipo a víctimas de guerra sucia en Euskal Herria, habitualmente alegando una pertenencia a ETA que en varios casos es falsa o no está probada.

La sentencia de la Audiencia Nacional acepta en este caso que «no queda acreditado que la víctima del terrorismo, en el momento de su asesinato, perteneciera a una organización dedicada a perpetrar delitos violentos» y por tanto «debe reconocerse el derecho» a la indemnización a su viuda e hija.

Tomás Alba tenía 42 años cuando le quitaron la vida, tiroteado cuando volvía a casa de madrugada tras una cena. Llevaba apenas cinco meses como concejal en Donostia.