La iniciativa ha salido adelante con los votos de su promotores, PNV, EH Bildu y PSE, con la abstención de UPyD y con el rechazo del PP, partido que ha defendido que el Ejecutivo de Mariano Rajoy actúa «acorde con la Ley de Amnistía de 1976».

En la querella argentina contra los crímenes del franquismo que dirige la jueza María Servini están imputadas 19 personas, entre otros, el exministro de Relaciones Sindicales Rodolfo Martín Villa, por la muerte en 1976 en Vitoria de cinco trabajadores por una carga policial.

En el texto aprobado, el Parlamento rechaza la postura «obstruccionista y dilatoria» del Gobierno español con esta causa, ya que no ha atendido al auto emitido en 2014 por Servini en el que ordenaba la detención de los acusados, ni al exhorto enviado este año para que los imputados declarasen ante la jueza en el Estado español

Asimismo, la Cámara se ha solidarizado con las víctimas del golpe militar y de la dictadura franquista y ha emplazado al Gobierno español a «respetar y asumir con total diligencia» la normativa internacional sobre derechos humanos.

Iñigo Iturrate (PNV) ha criticado que el Estado apele a la Ley de Amnistía de 1976 para no abordar la reparación de las víctimas de la dictadura y ha advertido de que «tapar la verdad provoca espejismos porque los duelos que no acaban bien siempre acaban saliendo».

Desde EH Bildu, Julen Arzuaga ha criticado también que «el Estado se parapeta tras una ley de punto y final», en referencia a la Ley de Amnistía. Así, ha añadido que «vienen a defender a perpetradores de delitos y a dar refugio a los criminales franquistas», ha asegurado.

Por el PSE, Mikel Unzalu ha defendido que la legislación internacional debe prevalecer sobre la española, lo que supone que el Gobierno español debe, a su juicio, «colaborar» con la magistrada argentina.

Carmelo Barrio, parlamentario del PP, ha subrayado que el Ejecutivo español «actúa conforme a la Ley de Amnistía», por lo que ha dejado claro que su partido no puede apoyar que se denuncie a este ejecutivo por «cumplir la ley».

Por último, Gorka Maneiro (UPyD) ha condenado el franquismo, pero ha criticado a «quienes alimentan rencores por intereses partidistas», al tiempo que ha señalado que los partidos que estén en contra de la Ley Amnistía deberían defender esta posición en las Cortes españolas.