![Los cinco de Aztnugal y Beortegi han comparecido en Atarrabia. (Jagoba MANTEROLA / ARGAZKI PRESS)](/media/asset_publics/resources/000/292/035/article_main_landscape/int20160602004880.jpg)
«Lo decimos alto y claro; en el Estado español se tortura». Así se han expresado Gorka Mayo, Iker Moreno, Jon Patxi Arratibel, Gorka Zabala y Xabier Beortegi en la comparecencia realizada en Atarrabia, frente al mural que denuncia la tortura y por el que el pasado sábado fue detenido un vecino de la localidad, que también ha estado presente. Junto a ellos ha estado el alcalde de Agoitz.
Los seis fueron detenidos el 18 de enero de 2011 por orden del juez Grande-Marlaska y todos ellos, a excepción de Mayo, denunciaron haber sido torturados. El pasado martes el TEDH condenó al Estado español por no investigar la denuncia de torturas realizada por Beortegi, que se suma a la condena impuesta en 2015 por la denuncia de Arratibel. «Resulta increíble que en un mismo procedimiento judicial contra seis personas existen dos sentencias condenatorias contra el Estado y un informe del Comité Europeo para la prevención de la tortura (CPT) de 2013 que da credibilidad a nuestros testimonios de tortura», han subrayado.
Así se han preguntado «qué más debe suceder para que el Estado y la Guardia Civil reconozcan lo que hicieron». Sin embargo, han recordado que en el Estado español «no sólo no se toman medidas» para erradicar esta práctica, sino que «se persigue, detiene y abren procesos judiciales a quienes la denuncian». Y es que en poco más de un mes nueve personas han sido detenidas y un Ayuntamiento amenazado a instancias de la Delegación del Gobierno de Nafarroa por denunciar la tortura.
Del mismo modo, han subrayado que son cada vez más las voces que denuncian la práctica sistemática de la tortura y han recordado las palabras de Jorge del Cura (portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura), Pau Pérez Sales (asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y perito en tribunales nacionales e internacionales para víctimas de maltrato y tortura), Joaquín Giménez (juez del Tribunal Supremo), José Ricardo de Prada (Juez de la Audiencia Nacional) o Alberto Senante (periodista en Amnistía Internacional España) denunciando la impunidad con la que se ha torturado.
Por ello, han apuntado que «es hora de que el Estado se reconozca en el espejo de sus horrores». De esta forma, han exigido que se reconozca la utilización de la tortura contra la disidencia política y que reabra las investigaciones por las denuncias interpuestas. Asimismo, han pedido la dimisión de Carmen Alba, delegada del Gobierno español en Nafarroa «perseguir y humillar a víctimas de la violencia del Estado». En esta línea, han reclamado «reconocimiento y reparación» para todas las víctimas de la tortura y han animado a la ciudadanía a «seguir luchando» para que no existan espacios de impunidad para la práctica de la tortura.
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