En el auto, suscrito por los magistrados Concepción Espejel (presidente) y Julio de Diego (ponente), se señala que Zulueta, que permanece encarcelada desde enero de 2014, debe seguir en prisión al verse «incrementado el riesgo de fuga» al estar «próximo a concluir» el procedimiento en el que está procesada por «el delito grave» de «integración en organización terrorista en grado de dirigente».

Su defensa había solicitado su excarcelación ante la delicada salud de sus padres y la reforma del Código Penal que prevé, en su artículo 579 bis 4, la atenuación en uno o dos grados de la pena cuando el hecho cometido sea «de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido».

El tribunal asegura que, desde que ingresara en prisión en enero de 2014 tras la redada contra la interlocución de EPPK, «no se ha producido ninguna variación de las circunstancias» y no se descarta que exista «riesgo de fuga» dado que el delito que se le imputa lleva aparejadas penas superiores a los 12 años de cárcel.

Voto particular del magistrado De Prada

En contra de estos argumentos, y en un breve voto particular discrepante, el magistrado José Ricardo De Prada –que está recusado en dos causas debido a sus manifestaciones sobre la tortura en Tolosa– considera que Zulueta «ha esgrimido razones suficientes para que se hubiera acordado la libertad provisional».

Para ello tiene en cuenta el tiempo que lleva en prisión, su arraigo familiar y económico, y sobre todo «el contexto de cese evidente de la actividad» de ETA.

Pese a invocar la ausencia de reiteración delictiva como otro motivo para excarcelarla, De Prada recuerda también que la abogada se encuentra en libertad provisional en otro procedimiento en el que está procesada y por el que se enfrenta a una petición del fiscal de 19 años de cárcel.

Sortu

En un comunicado, Sortu ha rechazado la decisión de la Audiencia Nacional española de rechazar la puesta en libertad de la letrada de Arantza Zulueta y ha recordado las duras condiciones aislamiento que sufre desde su encarcelamiento.

Ha denunciado que para el PP sigue siendo una «prioridad» el mantenimiento de una política carcelaria basada «en la excepcionalidad y la venganza». En ese sentido, ha destacado la necesidad de reforzar la lucha por los derechos de los presos.