El Parlamento de Gasteiz aprobará previsiblemente en el pleno del día 30 de junio la Ley de Garantía de los Derechos y la Dignidad de las personas en el Proceso Final de su Vida, gracias al acuerdo alcanzado por PNV y EH Bildu, impulsora de la proposición de ley.

El informe de la ley ha salido adelante hoy en la ponencia parlamentaria en la que se han analizado las enmiendas presentadas por los grupos a la propuesta original de la coalición.

Según ha explicado la parlamentaria Rebeka Ubera, la ley «gira en torno a un principio básico, fundamental e irrenunciable: el respeto absoluto a la libre voluntad del paciente en el proceso final de su vida».

De esta manera, la persona «está en el centro mismo de la ley, se le otorga todo el protagonismo y se da prioridad absoluta a su decisión, a su voluntad».

Para la coalición abertzale, «es un avance clave porque hasta ahora la voluntad del paciente ha estado sometida al criterio médico de cada momento». Con la nueva ley, el paciente «va a tener la potestad de renunciar a un tratamiento, incluso en contra del criterio médico y aunque esa renuncia implique acelerar su muerte».

Ubera ha señalado que la ley «blinda el respeto a la decisión, a la voluntad de la persona, y establece un marco claro para que el sistema sanitario y socio sanitario, los profesionales implicados y las instituciones desarrollen funciones concretas con ese fin».

No recoge los términos eutanasia y suicidio asistido

Así, se concretan los derechos de las personas que se encuentren en el proceso final de su vida, se fijan las obligaciones de los profesionales de la salud y se otorga al sistema la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la voluntad de las y los pacientes.

La parlamentaria ha explicado que los términos eutanasia y suicidio asistido no figuran en el texto de la ley para evitar colisiones con el Código Penal.

«EH Bildu aboga por despenalizar tanto la eutanasia como el suicidio asistido, pero entrar ahora en ese debate hubiera significado no tener ley; hemos dado prioridad a tener una buena ley que deja claro que en el proceso final de la vida el sistema sociosanitario tiene que respetar y cumplir la voluntad de la persona. Hoy eso es lo importante, que Araba, Bizkaia y Gipuzkoa dispongan por fin de una ley así», ha enfatizado.

Crítica del PSE

Desde el PSE, Mirem Gallastegi ha lamentado que esta norma supondrá un «absoluto paso atrás» porque no incorporará la enmienda de su partido dirigida a que «se recogiese como un derecho la ayuda a morir (eutanasia y suicidio asistido)» en el momento en el que se reformase el Código Penal y dejasen de ser delito.

Ha dejado claro que mantendrá esta enmienda para su debate en pleno y ha indicado que, con la redacción final del informe, a su juicio, la persona que quiera que le ayuden a morir «tendrá que acudir a familiares» a los que, según ha advertido, «se les van a abrir diligencias y un proceso judicial por vulnerar el Código Penal».

Aunque ha reconocido que el informe de la ponencia «mejora sustancialmente» la regulación con la que cuenta la CAV para garantizar el derecho a una muerte digna, ha lamentado que «se ha tirado por los suelos» una oportunidad y ha criticado que «a EH Bildu se le llene la boca hablando de soberanía nacional y cercene la soberanía personal».

Por su parte, Carmelo Barrio (PP) se ha mostrado satisfecho porque la ley no incluirá referencias a la eutanasia ni al suicidio asistido.