En la denuncia, explica CISF en un comunicado, se argumenta por el sindicato que se está vulnerando por el Gobierno de Nafarroa la mencionada directiva comunitaria, así como la jurisprudencia tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del Tribunal Constitucional español y del Tribunal Supremo estatal.
La apertura de este procedimiento, informa el sindicato, compromete tanto al Gobierno navarro como al Gobierno español, ya que es este último el responsable ante las instituciones de la Unión Europea de los incumplimientos de la normativa por parte de los gobiernos autonómicos.
La Comisión Europea ha comunicado que, con fecha de 26 de marzo, se envió una carta de emplazamiento a España y que este trámite constituye la primera etapa de un procedimiento de infracción.
El sindicato expone que, desde el Gobierno español, se envió una «extensa» respuesta, aunque, desde entonces, «se han recibido múltiples reclamaciones que requieren un análisis más profundo». Sobre la base de este análisis, señala la Comisión, se estudiarán las medidas a adoptar.
CSIF indica que este procedimiento de infracción puede llegar a establecer requerimientos e incluso multa económica al Gobierno español para poner en consonancia el Derecho estatal (foral en este caso) con el Derecho de la Unión Europea.
No obstante, desde la Comisión Europea se recuerda que la misma no puede aportar soluciones individuales a los ciudadanos ya que esta tarea es competencia de los tribunales estatales.
Además, la asesoría jurídica del sindicato ha recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional español la sentencia desestimatoria del Juzgado de lo Contencioso número 3 frente al recurso interpuesto por varios docentes contratados contra el Departamento de Educación en el que reclaman el reconocimiento del complemento de grado (antigüedad) por discriminación salarial respecto al profesorado funcionario.
CSIF recuerda que, de lograrse el reconocimiento del complemento de grado y la plena equiparación salarial, de la medida podrían beneficiarse más de 8.000 empleados públicos contratados del Gobierno de Nafarroa.
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