En la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, su portavoz, Josu Erkoreka, ha anunciado que el Ejecutivo en funciones del PP ha comunicado a Lakua su intención de recurrir estas las dos citadas normas aprobadas recientemente por el Parlamento de Gasteiz, en lo que el portavoz ha calificado de «escalada recentralizadora».

Al Gobierno de Urkullu le «preocupa especialmente» el recurso contra la Ley Municipal por ser una norma que ha costado 30 años aprobar y ha necesitado de un «importante esfuerzo de consenso» tanto entre partidos como entre instituciones, gracias a lo cual goza del «aval» de las diputaciones y de «la mayoría de ayuntamientos integrados en Eudel».

Erkoreka ha explicado que ambos gobiernos intentarán llegar a un acuerdo en la comisión bilateral que evite la formalización del recurso, para lo que cuentan con un plazo de seis meses. Si esto no ocurre es «muy probable» que se decrete la suspensión cautelar de los 12 artículos y 2 disposiciones que se prevé impugnar, lo que sumiría a las instituciones de la CAV en una «inseguridad jurídica durante años».

La decisión de recurrir estas dos leyes –la de Adicciones y la Municipal– se suma a los tres recursos anunciados recientemente contra tres proyectos de ley que aún están en tramitación en el Parlamento de Gasteiz: Patrimonio Cultural, Seguridad Ciudadana y la conocida como de reparación de víctimas policiales.

Para Erkoreka, resulta «francamente inaudito» que los cinco avisos de recursos de inconstitucionalidad a la normativa autonómica sean «la única noticia del Gobierno español en funciones». Por ello, ha considerado necesario que se produzca «un cambio radical».

«Esta actitud de cuestionamiento permanente debe formar parte del pasado. El Gobierno vasco plantea una cultura del entendimiento más acorde con las demandas expresadas por la ciudadanía», ha dicho,

Por ello, cree «necesario» un «cambio radical» porque «las relaciones actuales se circunscriben, prácticamente en exclusiva, a la presentación de recursos permanentes contra la normativa aprobada por las instituciones vascas». «Esta es la única relación institucional y evidencia la necesidad de abrir una nueva etapa», ha señalado.

Por ello, ha esperado «una reconsideración y replanteamiento en profundidad» por parte del Gobierno español respecto a «la dinámica que ha venido desarrollando en Euskadi en los últimos tiempos» y que «entienda la importante necesidad de arbitrar un sistema de garantías y bilateralidad efectiva».