Juan Calparsoro, fiscal superior de la CAV, ha reiterado que él mantiene lo que dijo ya hace meses de que se tenía que haber especificado en el fallo de la Audiencia Nacional española los cargos para los que quedaba inhabilitado Otegi. Ante ello, en una entrevista concedida a Onda Vasca, Calparsoro ha señalado que puede tener «razón y no» EH Bildu cuando asegura que hay unas bases jurídicas que determinan que su candidato a lehendakari no puede ser inhabilitado.

«En Derecho, aunque a veces nos genere inquietud, nada es blanco y negro. Admite márgenes de interpretación. Entonces, lo que está claro es que tiene una pena de inhabilitación esta persona y que es una pena impuesta y una sentencia firme», ha sostenido. Sin embargo, ha indicado que «otra cosa es cómo se puede ejecutar esa pena». «Es una postura legítima la de EH Bildu y, al final, tendrá que ser la Junta Electoral y, luego, un Juzgado, bien el de lo Contencioso, bien en último término el Tribunal Constitucional, el que determine y dictamine si se está vulnerando o no el derecho de Otegi o de cualquier ciudadano a accesos a cargos públicos, en este caso a presentarse a un cargo público de parlamentario vasco», ha subrayado.

Según Calparsoro, «la pena clave no es la de inhabilitación para el ejercicio de cargo público», sino la otra, la accesoria. «Es un tema muy técnico y, para quien no trabaja en los juzgados, esto puede sonar confuso», ha añadido, para subrayar que el TC «tendrá la última palabra».

«Pero hay argumentos para sostener la postura de EH Bildu, sin duda, otra cosa es quién tenga razón en último término, y tendrá razón a quien, al final, el órgano correspondiente le dé la razón», ha concluido.

Asimismo, Calparsoro ha estimado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional española «se ha adelantado» al remitir al tribunal que condenó al candidato de EH Bildu a lehendakari, Arnaldo Otegi, un escrito en el que le reclama que envíe a las Juntas Electorales la sentencia para que estas «cumplan de forma imperativa» la resolución que le mantiene inhabilitado hasta el 28 de febrero de 2021.

Recordando el caso de Iker Casanova, Calparsoro ha señalado que, a diferencia del aquel caso, en esta sentencia hay dos inhabilitaciones, una de las cuales es la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, «que es la que tenía también Casanova y que no se pudo ejecutar porque no se especificó el cargo». «Y aquí ocurre lo mismo», ha añadido. Calparsoro ha especificado que, en el caso del candidato a lehendakari, existe una segunda condena, que es una pena accesoria, que es la de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

«Entonces, aquí sí que, en principio, sería de aplicación, y es lo que le diferencia de Iker Casanova. Lo que pasa es que hay un matiz y es que es una pena accesoria a la pena de prisión que, como todo el mundo conoce, ya ha extinguido, ya ha cumplido. Ahí, más allá de la opinión que cada uno tenga, la AN ha entendido que esta pena accesoria, a pesar de ser accesoria, mantiene su vigencia, y son ellos los que lo tienen interpretar esta accesoriedad», ha indicado.