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Los partidos piden cumplir la ley o modificar la norma ante las dimisiones en Policía Foral

La situación generada en la Policía Foral con la decisión de 30 mandos de presentar su dimisión genera opiniones diferentes en los grupos parlamentarios, ya que mientras unos exigen el cumplimiento de la ley y cuestionan esa medida, otros plantean modificar la norma y critican la gestión de Interior.

Geroa Bai, formación que se abstuvo en la votación de la Ley de Policías, considera que la norma es «mejorable en muchos aspectos», según su portavoz, Koldo Martínez, quien ha apuntado en ese sentido que sustituye la negociación colectiva y se aprobó de «una forma un tanto precipitada, pero es una ley aprobada que el Gobierno como todas las demás leyes está obligado a cumplir y a poner en marcha».

Respecto a la dimisión de los mandos, ha señalado que es «algo que no pueden hacer» y en su opinión lo han hecho como «presión al Gobierno el mismo día que algún partido concreto da inicio a su curso político (en alusión a UPN) y el mismo día que se hace público que en Navarra han disminuido las personas en paro».

Martínez ha abogado por «una pronta solución a este tema que tendrá que venir del diálogo», tras lo que ha dicho que están abiertos al «diálogo para lograr una ley más consensuada entre todos que respete todos los ámbitos».

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha precisado que es necesario distinguir «por un lado el conflicto en sí mismo, que no es nuevo» y la situación «insólita» que se ha producido que es que los mandos planteen su dimisión, que no ha sido aceptada y que, en su opinión, es «una medida de presión alejada de la realidad».

Ha reconocido que puede haber cuestiones sobre las que hablar, pero «hay una ley, un mandato parlamentario para que para el 1 de octubre se apruebe el Reglamento», a lo que ha agregado que están abiertos a estudiar posibles modificaciones, pero «se han pasado de frenada», ya que estas actuaciones «no ayudan a recuperar un clima interno sosegado» ni contribuyen a que «no haya fractura».

«El Gobierno tiene una situación complicada, pero creo que está actuando correctamente», ha aseverado.

En el momento en el que se aprobó la ley, Podemos no estaba presente en la Cámara, pero, como ha señalado su portavoz Laura Pérez, sí apoyó la necesidad de postergar su aplicación a la elaboración de un estudio que es un mero borrador y para el que se está contando con la participación de la Policía Foral.

Pérez ha sostenido que «cualquier negociación se tiene que llevar en normalidad y no sometida a ningún tipo de chantaje como parece este gesto de dimisión».

El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha manifestado que la ley se tiene que cumplir y ha considerado también «insólito» que treinta mandos presenten un escrito con una decisión que no pueden tomar. Ha remarcado que hay una ley y el Gobierno la tiene que cumplir, pero si el Ejecutivo u otros agentes quieren modificarla su grupo está dispuesto a valorarlo.

UPN registrará los próximos días una proposición de ley con el fin de que, según su portavoz Javier Esparza, «se solucione» algo que ya dijeron que era un «desastre y está teniendo consecuencias directas en algo fundamental» como es la Policía Foral.

Esparza ha reiterado que es «más lógico» que las retribuciones y los horarios entren dentro de la negociación colectiva y ha deseado que «haya sentido común y alguien rectifique».

Cuestionado sobre esa proposición de ley, el portavoz de Geroa Bai ha avanzado que si supone un aumento del gasto, votarán en contra.

María Chivite (PSN) ha reconocido que la Ley de Policías fue una iniciativa de su partido pero, ha remarcado que fue apoyada por los grupos que ahora sustentan al Ejecutivo. «Si no les gusta, tienen mayoría social y política para cambiar la ley», ha indicado.

En su opinión, las dimisiones demuestran la incapacidad de diálogo del Gobierno y de su consejera de Interior, a la que ha instado a dialogar.

La situación generada dentro de la Policía Foral ha sido también criticada por la portavoz del PPN, Ana Beltrán, al hablar «de desgobierno» por parte del Ejecutivo que preside Uxue Barkos.