«Avances en democratización, continuismo en política económica y laboral, parálisis en la Administración» es el resumen del balance de LAB de un año del cambio de Gobierno en Nafarroa que han presentado hoy Igor Arroyo, portavoz el sindicato en el herrialde, y Bea Martxueta, responsable de Politica Social.

Ambos han reconocido que acabar con las políticas excluyentes que se han llevado a cabo en Nafarroa durante décadas es complejo y necesita tiempo y consideran que se han producido avances en algunos campos, pero también existen carencias en cuestiones básicas, «por lo que no podemos hacer un balance positivo».

Entre los avances han citado la democratización de la vida política, social y sindical, terminando con la exclusión de parte de la población navarra y con la persecución a la identidad vasca. En este ámbito han subrayado la importancia del reconocimiento de las víctimas del 36 o de la violencia del Estado como Mikel Zabalza o Angel Berrueta, aunque han reclamado un mayor compromiso contra la dispersión de los presos. En el ambito lingüístico, han valorado positivamente los cambios (extensión del modelo D, mayor peso del euskara en las comunicaciones del Gobierno o la licencia de Euskalerria Irratia), pero han criticado la gestión de la OPE de Educación, «en la que se cedió a las presiones de los lobbies euskarófobos».

También han valorado positivamente el fin de privilegios como el seguro privado financiado con fondos públicos de los trabajadores del Opus Dei o la práctica de abortos en la red pública. Sin embargo, han denunciado que se sigue priorizando a «la minoría sindical del 49%», en referencia a UGT y CCOO, en el Consejo de Diálogo Social.

Crítica al modelo económico

Las críticas más duras de LAB al nuevo Gobierno se han dado precisamente en el ámbito económico, ya que consideran que no se ha apostado por un nuevo modelo, sino que se continúa con la estrategia marcada por la Comisión Europea de impulsar regiones especializadas para competir en un mundo globalizado. Esta estrategia se matiene en el Plan Moderna, que pasa a llamarse RIS3, a pesar de que ha habido avances en la democratización de este órgano.

«La inacción del Gobierno en el ámbito de la Administración es muy preocupante», destaca el informe de LAB, que subraya que ha sido un año perdido en la «reforma democrática de una Administración burocratizada tras los mandatos de UPN». LAB denuncia que la parálisis se mantiene también en el ámbito de la negociación colectiva, ya que han pasado diez meses desde que los sindicatos presentaron sus propuestas y todavía no han recibido respuesta. Además, han criticado que las OPE se han llevado a cabo sin realizar consultas y que son insuficientes.

También han censurado la política fiscal, destacando que la recaudación se sigue basando en las rentas de los trabajadores y sigue siendo insuficiente para llevar a cabo las politicas sociales necesarias.

Por todo ello, han denunciado que el cambio está «estancado» y que es necesario que los partidos que lo sostienen impulsen el acuerdo programático. También han subrayado la necesidad de que los movimientos sociales y los sindicatos vuelvan a movilizarse tras un año caracterizado por la escasa actividad en este ámbito. «Quienes más se han movilizado han sido quienes temían perder sus privilegios», han señalado.