En la víspera de cumplirse cinco años de aquella cita histórica de Aiete que puso todo el mundo mirando a Euskal Herria, hay una constatación inicial necesaria: el proceso que allí alcanzó su madurez es mucho más profeta lejos de su tierra que en casa. Mientras expertos en resolución de conflictos y analistas de todo el mundo lo citan unánimente como un ensayo de éxito –en un ámbito en que cerca del 80% de los intentos fracasan– y además como una fórmula innovadora –por basarse en impulsos generados unilateralmente–, en Euskal Herria y el Estado las valoraciones resultan mucho más negativas y parciales.

Según la versión oficial madrileña, hecha suya de modo acrítico por agentes vascos incluidos algunos que estuvieron en Aiete, en realidad ni siquiera hay proceso de paz (igual que no hubo guerra); todo se reduce a una victoria del Estado sobre ETA en la que aquella declaración tenía una mera función utilitaria de «pista de aterrizaje» para el fin de la lucha armada. En la opinión de muchos vascos, por contra, Aiete viene a aparecer hoy como un hecho aislado, y su hoja de ruta como algo incumplido casi al 100%.

Para llegar a un análisis mínimamente objetivo, resulta adecuado acudir a sus cuatro puntos y valorar su desarrollo en estos cinco años. Es ahí donde se constata por un lado que la propaganda de «vencedores y vencidos» hace aguas, y por otro que no es tan cierto que el acuerdo encallara en el punto uno, sino que va generando avances aunque sea por caminos bien diferentes a los que preveían Kofi Annan y sus compañeros:

Punto 1: «Llamamos a ETA a hacer una declaración pública de cese definitivo de la actividad armada y solicitar diálogo con los gobiernos de España y Francia para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto».

Es el que más fácil se resume, porque se resolvió en apenas tres días. La Declaración de Aiete fue promulgada a las 17.00 del lunes 17 de octubre de 2011 y a las 19.00 del jueves 20 ETA hacía publico el cese definitivo de su lucha armada y llamaba a Madrid y París a un diálogo directo. Lo hacía vaticinando ya que «en adelante, el camino tampoco será fácil. Cada logro será fruto del esfuerzo y la lucha de la ciudadanía vasca».

Aquella fue la segunda noticia del día en todo el planeta, solo eclipsada por el linchamiento en Libia de Muamar Gadafi. El compromiso de ETA no necesitó siquiera periodo de verificación esta vez: se ha cumplido desde entonces de modo notorio y en todos sus términos.

2: «Si dicha declaración fuese realizada instamos a los gobiernos de España y Francia a darle la bienvenida y a aceptar iniciar conversaciones para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto».

Aiete pilló a Madrid en un momento de «impasse», dado que al Gobierno Zapatero apenas le quedaba un mes de vida, que dejó pasar sin hacer nada, y el de Rajoy tenía otras prioridades. Tras un periodo de cierta indefinición, la cerrazón de Madrid a abrir el diálogo con ETA que sí habían practicado antes tres presidentes (Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero) en contextos más inciertos se materializó en la expulsión de Oslo de la interlocución de la organización vasca en 2013 –poco después de que ETA hiciera una oferta concreta para acordar «plazos y fórmulas»–. Y también, hasta la actualidad, en la negativa férrea tanto a abordar un proceso ordenado de desarme como a afrontar la situación de los presos vascos y sus familias.

Ante ello, ETA ha optado por dar sus propios pasos, primero con el desmantelamiento unilateral de las estructuras que usó para atentar (2011-2014) y después acometiendo el inventariado y sellado de su arsenal (2014-2016) con la implicación de una Comisión Internacional de Verificación muy potente a la que Madrid y París también amenazaron judicialmente. Más llamativo todavía es que ambos gobiernos no solo eludan cooperar, sino que además intenten desarmar a ETA por su cuenta con actuaciones como la de esta semana al norte de París, lo que supone algo inédito en estos procesos, además de evidentemente peligroso.

En la cuestión carcelaria, la más grave por su impacto humanitario, Madrid ha mostrado su cara más dura, con el agravamiento de la dispersión o la negativa a excarcelar a presos enfermos. El descenso del número de encarcelados resulta meramente técnico, a medida que van cumpliendo condena, con lo que la cifra desciende en un lentísimo goteo desde los 660 de aquellos días de Aiete a los 360 actuales. Aquí EPPK ha movido ficha igualmente con la decisión de recorrer las vías legales (diciembre de 2013), que se sigue desplegando y cuenta con el apoyo masivo de exprisioneros, exrefugiados y exdeportados. Las movilizaciones por los presos de enero de 2013 y 2014 fueron las mayores protestas políticas de la historia vasca.

En otra iniciativa unilateral, decenas de exiliados han vuelto a Euskal Herria, en decisión colectiva y a modo de aportación política.

3: «Instamos a que se adopten pasos profundos para avanzar en la reconciliación, reconocer, compensar y asistir a todas las víctimas, reconocer el dolor causado y ayudar a sanar las heridas personales y sociales».

La literalidad de la redacción hace pensar que el grupo de Aiete tenía en mente al Gobierno español, pero cinco años después este sigue sin reconocer siquiera a las víctimas más evidentes del terrorismo de Estado, como reflejó el crudo cruce de palabras entre Alfonso Alonso y Pili Zabala en la pasada campaña electoral.

Pese a este boicot, los avances en este punto resultan rotundos y llegan desde diferentes ámbitos vascos: víctimas de ambos lados trabajando conjuntamente (el ejemplo más claro es la experiencia de Glencree, dada a conocer en 2012); izquierda abertzale (declaraciones de ETA, EPPK o Sortu en la línea del reconocimiento del daño y compromiso con la verdad de lo ocurrido); Gobierno de Lakua (primer informe oficial sobre la tortura, que recoge 5.000 casos, 300 de ellos de la Ertzaintza); instituciones locales (el Ayuntamiento de Errenteria, de Bildu, fue el pionero); el conjunto del arco político de Ipar Euskal Herria (con la unitaria Declaración de Baiona de 2014 que emplazó a París a implicarse)...

El desarrollo en este ámbito es tal que ya no constituye noticia que representantes de Sortu acudan a homenajes a víctimas de ETA o que un ex gobernador civil reclame la libertad de Rafa Díez Usabiaga. En paralelo, los «lobbies» anti-resolución se han debilitado notablemente en Madrid: el intento de convertirlos en fuerza política con Vox se saldó con un enorme fracaso.

4: «En nuestra experiencia de resolver conflictos hay a menudo otras cuestiones que si son tratadas pueden ayudar realmente a alcanzar una paz duradera. Sugerimos que los actores no violentos y representantes políticos se reúnan y discutan cuestiones políticas, así como otras relacionadas al respecto, con consulta a la ciudadanía, lo cual podría contribuir a una nueva era sin conflicto».

La introducción de esta necesariamente ambigua apelación a la búsqueda de soluciones políticas supuso aquella tarde la mayor novedad de la Declaración de Aiete, dado que los puntos anteriores se daban por descontados. Si bien el enunciado tampoco ha sido cumplido textualmente (discusiones políticas, consulta...), el cambio de ciclo de Aiete ha revolucionado las mayorías políticas en Euskal Herria abriendo el camino para ello. Y también ha impactado en el exterior, ya que hay coincidencia en que ni el proceso catalán ni una formación de izquierda estatal como Podemos hubieran emergido con tal energía en un contexto de enfrentamiento armado sostenido.

Aiete ha hecho aflorar una nueva relación de fuerzas, mucho más positiva para el derecho a decidir y la unidad territorial, en todos los ámbitos que se miren. Incluido el español, pero sobre todo en Euskal Herria. Como detalle, la reacción a la decisión de ETA del entonces candidato del PSOE a La Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue la siguiente: «Les hemos quitado las armas y ahora tenemos que quitarles los votos». Sin embargo, es el unionismo quien se ha venido abajo: de gobernar en Lakua con 38 parlamentarios sobre 75, PP y PSE han caído a unos 18 escaños casi residuales; en Nafarroa, el llamado régimen ha perdido el Gobierno, la mayoría parlamentaria y todos los grandes ayuntamientos y mancomunidades; y en Ipar Euskal Herria se ha obtenido una mancomunidad única que resultaba muy improbable en 2011, cuando diferentes responsables del Estado francés no ocultaban que nunca se permitiría una entidad que agrupara a los tres territorios si al sur se mantenía el conflicto armado.