El concepto de víctimas a las que quiere honrar el PP se resumió perfectamente en la balbuceante explicación que Alfonso Alonso pretendió dar a Pili Zabala en el debate de ETB sobre si consideraba que su hermano Joxi y Joxean Lasa eran «víctimas del terrorismo». Y recuerden que la respuesta, pese a todos los rodeos verbales, fue «legalmente no». De hecho, al PP le importan bastante poco incluso las leyes, pues también tiene trampas para ellas. El Gobierno de Mariano Rajoy ha denegado indemnizaciones a víctimas consideradas legalmente como «del terrorismo» alegando que según sus informes –ni siquiera sentencias– esas personas pertenecían a ETA o a organizaciones ilegalizadas vinculadas a ella. Catedráticos del Instituto Vasco de Criminología denunciaron estas denegaciones como un acto de prevaricación.

El PP quiere construir una memoria en la que solo ETA conculcó los derechos humanos, porque busca absolver(se) al Estado –fuera al franquista o al posconstitucional– de toda responsabilidad sobre la represión, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Y si no consigue fabricar esa memoria, se consuela demostrando que tiene en su poder los instrumentos legales suficientes para mantener la ficción, aunque eso dañe a víctimas.