El Tribunal de Cuentas del Estado ha estimado los recursos presentados por Javier Maroto y Alfonso Alonso a la sentencia que les condenó a abonar 393.862 euros por la firma de un alquiler gravoso de unas oficinas de la calle San Antonio cuando estaban al frente del Ayuntamiento de Gasteiz, el primero como concejal de Hacienda y el segundo como alcalde.

La sentencia, de la que ha sido ponente la actual consejera del Tribunal de Cuentas y exministra del PP Margarita Mariscal de Gante, cuenta con el voto particular de uno de los tres magistrados y presidente de la sala, Felipe García Ortiz, que estima que sí existió una infracción legal en el alquiler de un local en la calle San Antonio de la capital alavesa a un precio muy superior al de mercado.

La sentencia inicial del Tribunal de Cuentas consideraba que se había producido un daño a los fondos públicos, por no haberse justificado y motivado la diferencia tan evidente entre lo que se pagó durante los ejercicios de 2009 a 2013 y lo que determinaba el informe interno de la Unidad Técnica de Valoración del Ayuntamiento.

Por contra, la resolución de hoy estima el recurso y absuelve a los demandados porque entiende que los pactos suscritos por el Ayuntamiento en dicho contrato privado entraban dentro del ámbito de la «discrecionalidad administrativa» y porque el informe de la Unidad Técnica no era vinculante.