Jaiki Hadi ha alertado hoy en una rueda de prensa ofrecida en Bilbo de que, a pesar de que el número de presos vascos va disminuyendo, se incrementan los casos de aquellos que sufren graves dolencias. La asociación contabiliza 22 casos, doce de los cuales son Txus Martín, Josetxu Arizkuren, José Ramón López de Abetxuko, Gari Arruarte, Iñaki Etxeberria, Aitzol Gogorza, Ibon Iparragirre, Ibon Fernández Iradi, Jagoba Codo, Gorka Fraile, Joseba Borde y Manu Azkarate.

Además, Arburua ha apuntado a otros diez prisioneros cuya situación médica es muy delicada, algunos de ellos con cáncer y enfermedades degenerativas, pero que prefieren mantenerse en el anonimato. «La situación es preocupante. Y nos preocupa sobremanera –ha subrayado– el aumento de la edad media y permanencia en prisión de este colectivo de presos, factores ambos que inciden directamente sobre la salud de las personas».

El coordinador de Jaiki Hadi ha destacado que hay veinte presos cuya edad supera los 60 años, de los cuales tres sobrepasan los 70 años, además de que muchos de ellos superan los 20 años privados de libertad. «En estas condiciones –ha explicado Arburua– es evidente que la salud resulta perjudicada, a mayor edad y más tiempo en reclusión más riesgo para salud de las personas». En este sentido, ha remarcado que las enfermedades que sufren estas personas presas, como son cánceres, enfermedades degenerativas, cuadros síquicos graves o afecciones cardíacas graves, son difícilmente compatibles con la estancia en prisión.

A Jaiki Hadi también le preocupa la aplicación del aislamiento indefinido, que Arburua ha calificado de «tortura blanca», por la repercusión en la salud de las personas que lo sufren. Ha alertado de que un número importante a quienes se le aplica son mujeres, como el caso de Arantza Zulueta, a quien se mantiene en este régimen especial desde hace tres años.

Con ese balance, los profesionales de la salud que se agrupan en la asociación han pedido la puesta en libertad «inmediata» de los presos enfermos graves e incurables, «en atención a un derecho que les corresponde. De otra manera –han advertido– se les condenaría a una pena de muerte encubierta». Asimismo, han solicitado el fin de la aplicación de la política de aislamiento indefinido, «política inhumana, cruel e insoportable que no reporta más que sufrimiento a la persona».