El PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PSE, así como el Gobierno de Lakua, la Diputación alavesa y el Ayuntamiento de Gasteiz han reaccionado de forma muy crítica con la decisión del CSN de emitir un dictamen favorable sobre la concesión de una nueva autorización de explotación para la central nuclear de Garoña, la más antigua del Estado español y que permanece inactiva desde 2012.

El PP, por su parte, ha afirmado que el Gobierno español –al que corresponde adoptar una decisión definitiva sobre este asunto– actuará de forma «lógica» y de acuerdo a criterios de «seguridad y racionalidad».

El Gobierno de Lakua, a través del Departamento de Medio Ambiente, ha lamentado esta decisión porque «la central ha cumplido con creces su vida útil y además cuenta con una tecnología obsoleta, similar» a la accidentada central japonesa de Fukushima.

El Gobierno de Iñigo Urkullu se suma así «a los reiterados pronunciamientos del Parlamento vasco, que han exigido el cierre definitivo de Garoña y se han posicionado en contra de albergar un almacén nuclear en sus instalaciones».

El diputado general de Araba, Ramiro Gonzalez, ha afirmado que tras la decisión del CSN la Diputación va a seguir trabajando en defensa de Araba «para evitar la barbaridad que supondría la reapertura» de la central.

El alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, ha denunciado que el informe del CSN «desprecia la voluntad de la ciudadanía y pone su salud en riesgo».

En un comunicado, Urtaran ha exigido al Gobierno español el «desmantelamiento inmediato y definitivo de la central» al tratarse de una «instalación vieja, peligrosa e innecesaria, cuyo cierre ha reclamado una y otra vez la sociedad vitoriana, la alavesa y la vasca».

Desde el PNV, el parlamentario Juan Carlos Ramírez-Escudero ha denunciado que esta es una «grave y pésima noticia» que va «en contra de la voluntad mayoritaria» expresada de forma reiterada por la ciudadanía y las instituciones vascas.

Ramírez Escudero ha asegurado que la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear es un «ataque directo» a Araba, territorio muy cercano a Garoña, y supone «una amenaza inasumible para la seguridad de sus habitantes». Este parlamentario ha recordado que la central lleva cuatro años parada por decisión de sus propietarios (Endesa e Iberdrola), y ha lamentado que ahora el CSN «les abra la puerta para poder seguir operando 16 años más».

La central –ha recordado– ha superado «con creces» sus 40 años de vida útil, por lo que ha reclamado «el cierre inmediato y sin condiciones» de la planta.

«Pedimos que se actúe desde la responsabilidad y se piense en clave de seguridad», ha subrayado.

«Disparate»

Desde las filas de EH Bildu, Mikel Otero ha asegurado que lo ocurrido en el CSN «es un disparate, un escándalo y una provocación social, política y jurídica». El representante de la coalición soberanista considera que lo que hay que hacer ahora es realizar «toda la presión» posible para evitar que el Ministerio español de Industria conceda la licencia para que la central vuelva a operar.

Otero ha criticado el «órdago» del CSN al adoptar una decisión tan «temeraria» como esta, que ha atribuido al hecho de que el Consejo de Seguridad Nuclear es un órgano «al servicio» del Gobierno español y del «oligopolio» de las empresas del sector de la energía. «A estas –ha denunciado– solo les importa la especulación y los ingresos económicos», por lo que no tienen en cuenta «la salud ni el medio ambiente».

El parlamentario de EH Bildu ha alertado de que la seguridad de los ciudadanos estará «en peligro» si Garoña vuelve a abrir sus puertas, por lo que ha emplazado a los partidos, las instituciones y a todos los vascos a «arrimar el hombro» y dar una respuesta conjunta «desde una perspectiva de país».

Otero ha pedido que se «acelere» el mandato del Parlamento de Gasteiz para que el Gobierno de Lakua analice las fórmulas y los «mecanismos jurídicos» que puede haber para impedir que se reanude la actividad nuclear de la central. «El momento es muy peligroso y complicado», ha advertido.

Deficiencias

Por parte de Elkarrekin Podemos, Joserra Becerra ha criticado que el CSN hada dado su aval a Garoña, pese a las «graves deficiencias» de la planta. La decisión, según ha dicho, ha tenido un carácter «político» y no técnico.

Becerra ha recordado que el pronunciamiento definitivo sobre la concesión de una nueva licencia de actividad para la planta corresponde al Gobierno español, y que, en caso de que se conceda, serían los propietarios de Garoña los que deberían decidir si reabren o no las instalaciones.

Por ese motivo, y en referencia a la presencia de excargos políticos en los consejos de administración de Endesa e Iberdrola, ha emplazado al PNV, al PSE y al PP a que «muevan los hilos» y las «puertas giratorias» en defensa de los intereses de los ciudadanos, en lugar de hacerlo para proteger los «intereses económicos» de esas grandes compañías. Becerra ha lamentado que en el caso del PNV y el PSE, su postura frente a Garoña se limite a un «rechazo formal», dado que no utilizan «todas las medidas» que tienen a su alcanza para impedir su reapertura.

Desde el PSE, José Antonio Pastor ha mostrado el «rechazo» de su partido a la decisión del CSN, que ha calificado de «incomprensible», ya que –según han denunciado los propios técnicos de este organismo– los propietarios de Garoña «no cumplieron» los requisitos que se les exigieron en 2015 para mejorar la seguridad de la central.

Pastor ha rechazado «cargar las tintas» en el Consejo de Seguridad Nuclear, que, según ha dicho, se ha visto «presionado» por el Ejecutivo del PP. El parlamentario del PSE ha recordado que la decisión «política» y definitiva sobre este asunto corresponde al Gobierno español, al que ha reclamado que «atienda» a los ciudadanos y no autorice la reapertura de la plantas.

El parlamentario del PSE ha asegurado que no comparte la decisión de apoyar el informe favorable a la reapertura adoptada por una de las dos miembros del Consejo del CSN designadas a propuesta del PSOE, de la que ha destacado que «no está afiliada» al partido. Pastor ha recordado que la exministra Cristina Narbona sí ha votado en contra de ese informe.