La Diputación de Gipuzkoa pondrá en marcha la ayuda del plan Elkar-ekin dentro de poco, según se supo ayer por filtraciones en la prensa. Esta prestación tendrá una cuantía de 600 euros al mes como máximo, y calculan que podrán obtenerla 200 hogares del territorio. El objetivo de la misma es ayudar a las personas sin recursos que se quedan fuera de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a que se integren en la sociedad, ya que durante el gobierno de Patxi López, la RGI pasó de ser accesible para las personas que llevaban un año empadronadas en la CAV a poder solicitarla solo quienes llevaran viviendo aquí tres años.

Para responder a la necesidad de miles de personas que se quedaron fuera de los más estrictos requisitos, la diputación de Gipuzkoa liderada por EH Bildu, creó en 2012 la Ayuda a la Garantía de Ingresos (AGI). Esta la llegaron a cobrar al mes más de 1.400 familias que llevaban al menos un año en Gipuzkoa. De este modo, aquellas personas que cumplieran todos los requisitos para obtener la RGI a excepción del tiempo de residencia, podían acceder a esta ayuda de 700 euros al mes de media por unidad familiar.

Sin embargo, pocos meses después de llegar PNV y PSE a la Diputación, decidieron detener esta ayuda pues, según ellos, existía «un efecto llamada de población extranjera» que no se correspondía con los datos de migración en el herrialde.

Además, alegaron que estas ayudas habían supuesto durante el año 2015 una cuantía de 11 millones de euros a las arcas provinciales. Cuando la Diputación hizo público este dato en diciembre de 2015, la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, negó que su departamento se estuviera planteando eliminar la prestación puesta en marcha en la anterior legislatura de la mano de Bildu.

Sin embargo, en abril de 2016 con el nuevo plan en marcha decidió no permitir nuevas solicitudes a partir del 1 de enero de 2017. Así, acordaron que la AGI irá desapareciendo paulatinamente hasta 2018.

40.000 personas en exclusión

Según la información publicada, la nueva ayuda es una mo dificación de una que estaba dirigid a a favorecer la emancipación de los jóvenes entre 18 y 23 años vinculados a procesos de inserción social.

Estas condiciones dejarán de existir y la pequeña ayuda ampliará su cobertura a otros colectivos. Podrán recibirla personas de 18 a 64 años durante un máximo de 6 meses y con una cuantía de máximo 600 euros, dependiendo de la situación de cada uno. La administración calcula que 200 personas podrían beneficiarse. El recorte respecto a la AGI es notable.

Por ello, esta ayuda no parece responder a las necesidades reales de la población (incluso la AGI se quedaba corta) pues según los datos recogidos en el propio plan Elkar-ekin, un 30% de la población guipuzcoana se encuentra en una situación de integración precaria, un 7.8% en exclusión moderada y un 5,5% –casi 40.000 personas– en exclusión severa.

El presupuesto de la ayuda también es mucho menor, ya que de los 11 millones de la AGI se pasan a los 870.000 euros destinados inicialmente a la nueva prestación. Se trata de una cantidad muy ajustada que tendrá que competir con las otras iniciativas del plan, que tiene un presupuesto total de 1,8 millones de euros.

Eso pese a que Elkar-ekin nació con la intención de fomentar la inclusión social sirviendo como plataforma para generar oportunidades de empleo. En ese sentido, la diputada Maite Peña aseguró que ya se ha firmado un protocolo de colaboración con trece organismos de Gipuzkoa (Lanbide, Departamento de Educación, Ayuntamiento de Donostia, Cáritas, Emaús, Gureak, Cruz Roja, Peñascal, Sartu, Fundación Secretario Gitano, Asociación de Hoteles de Gipuzkoa, Asociación de Hostelería y la Universidad de Deustu).