De la Mata adopta esta decisión en un auto con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción y después de que lo solicitaran las acusaciones Izquierda Unida y ADADE a raíz de las revelaciones de Correa en el juicio por la primera época de Gürtel que se está celebrando en la Audiencia Nacional española.

Los de las tres personas citadas «son los únicos testimonios que apuntan a una relación entre las entregas de dinero para la realización de gestiones tendentes a la consecución de contratos públicos», considera el juez, que ve también «pertinente» comprobar si las anotaciones de Bárcenas «reflejan las contraprestaciones en métalico obtenidas» por el PP de «diversas empresas, a cambio de adjudicaciones de obras».

El cabecilla de Gürtel apuntó a OHL, Dragados y al grupo ACS como las empresas que se dirigían a él para que consiguiera contratos del PP y, de hecho, el presidente de la primera empresa, Juan Miguel Villar Mir, fue investigado en el caso de la contabilidad B del PP junto con García Pozuelo, pero el juez les levantó esa imputación.

Según relató, él daba dinero y regalos a cambio de adjudicaciones a los exmiembros del PP que se sientan en el banquillo, y que entregaba entre el 2 y el 3% al extesorero Luis Bárcenas por conseguir obras en ministerios como Fomento o Medio Ambiente.

Al acordar la reapertura de la causa y dejar sin efecto el sobreseimiento provisional, el juez pide también a la Sala que le remita de nuevo las actuaciones desde que su predecesor Pablo Ruz concluyó la investigación en marzo de 2015 hasta la actualidad.

Al dar por finalizada la investigación, Ruz archivó la causa para 22 empresarios que aparecen como donantes en los papeles de Barcenas con la contabilidad paralela del partido.

Nuevas revelaciones

Lo hizo porque ninguno de los empresarios reconocieron haber pagado dinero al PP por contratos y no había ningún otro indicio contra ellos, pero este panorama ha cambiado después de las declaraciones en el juicio de García Pozuelo y Correa.

El constructor pactó con la Fiscalía y confesó ante el tribunal haber pagado 1,5 millones en 2002 y 2003 a Bárcenas, Correa y el exdiputado del PP Jesús Merino a cambio de adjudicaciones públicas, cosa que no hizo durante la instrucción de la pieza de la caja B, en la que se acogió a su derecho a no declarar ante el juez.

En la contabilidad paralela del partido, cuya existencia Bárcenas reconoció en el juicio, se refleja que García Pozuelo habría pagado al PP al menos 72.000 euros en el año 2000 y otros 90.000 más en 2003 y 2004, y Villar Mir otros 530.000 euros en 2004, 2006 y 2008.