Así lo ha señalado contundente la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, en el Parlamento de Nafarroa para rebatir la petición de UPN de que informara sobre el acto y la presencia en el mismo de «familiares y miembros» de ETA, ya que, según Ollo, a quien se invitó fue a personas y colectivos que han tenido un «papel relevante» por su trabajo en defensa de los derechos humanos, la paz y la convivencia.

Al respecto, Ollo ha recordado que el acto fue organizado como un homenaje «genérico y simbólico» a las víctimas, «sin apellidos», aunque se pondrán con el tiempo, ha dicho tras señalar que su Gobierno no es competente para hacerlo, ya que es una de las funciones de una comisión específica aún no constituida.

Sí ha señalado que se invitó a los partidos políticos representados en el Parlamento y ha lamentado la ausencia de UPN y PP, aunque ha valorado la presencia del resto y la de «más de 70» representantes municipales de toda Nafarroa, junto a los de los colectivos que han impulsado la reparación de estas víctimas.

Se trató de un «acto justo, ético y legal», ya que su organización se ajustó a la disposición de la ley foral de 2015 sobre la que, en este aspecto, el Tribunal Constitucional español tiene levantada la suspensión inicial.

Fue un «acto de reivindicación de los valores de paz, convivencia, solidaridad y empatía», un «acto de condena de la violencia, que reclamaba la necesidad de mirar al pasado» para construir el futuro, ha dicho.

Ha recordado que sobre el mismo ya ha dado cuenta en la Cámara la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, por lo que «esta comparecencia responde a esa particular pelea que UPN y PP tienen para hacerse visibles y no a una demanda ciudadana real».

También ha recordado que el Gobierno ya quiso organizar el pasado otoño un acto de reparación con las víctimas de ETA como protagonistas, pero estas lo declinaron y «mayoritariamente nos trasladaron su negativa pensando que era temprano», algo que respetan pero en lo que el Gobierno seguirá trabajando porque «no tiramos la toalla».

En el turno de los grupos, el solicitante, Iñaki Iriarte, UPN, ha sido incisivo en preguntar sobre la lista de invitados, por entender que entre ellos había familiares de miembros de ETA, algo que no sucedió en el homenaje similar realizado en la CAV, donde «Urkullu lo hizo mucho mejor».

Además, ha justificado la ausencia de UPN al ver que «ese acto estaba siendo manipulado y estaban invitando a personas que no eran víctimas de una violencia injusta», como no lo son «una víctima de tráfico, una persona que se suicidó o un terrorista muerto con las armas en la mano».

Koldo Martinez, Geroa Bai, ha respaldado el «emocionantísimo acto», en el que se dieron «pasos importantes para la reconciliación en nuestra sociedad», y en el que la presencia de UPN y PP hubiera sido un gesto de «magnanimidad», ha dicho para asegurar que, por el contrario, a su formación «no nos importa mancharnos las manos en la búsqueda del acuerdo».

En la misma línea, Bakartxo Ruiz, EH Bildu, ha lamentado el «intento de estirar el chicle» que supone la demanda de comparecencia de hoy, y ha asegurado que en el acto en cuestión «nadie de quienes estuvimos allí escuchamos nada que denotara odio, venganza o humillación hacia nadie. Justamente lo contrario».

El portavoz de Podemos, Rubén Velasco, ha lamentado la polémica, ya que «en todo caso habría que preguntarse si tiene sentido un acto sin invitar a familiares de esas víctimas», de forma que «no era tan importante quién estaba o quién no, sino el acto de reconocimiento en sí, que llega tarde pero llega».

Inmaculada Jurío, PSN, ha justificado su presencia en aquel acto «legal, constitucional y necesario para la salud democrática de nuestra sociedad», aunque ha sido muy crítica con la «inadecuada organización» del Gobierno con un «acto muy complicado» en el que «la equivocación se produjo en la individualización» con un listado.

Ana Beltrán, PPN, quien ha pedido la marcha de Ollo del Gobierno por el «daño irreparable y la fractura» que está produciendo en la sociedad navarra, ha asegurado que el Gobierno invitó al acto «a determinadas personas considerándolas víctimas y determinando así quiénes son las víctimas», con lo que «han burlado al Tribunal Constitucional».

José Miguel Nuin, I-E, también ha respaldado un «acto constitucional, genérico y simbólico», con una declaración leída allí «impecable», ha dicho para defender que las homenajeadas «son víctimas reales y todas tienen derecho a verdad, justicia y reparación».