El “Impuesto sobre el Incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana” se viene aplicando en los últimos años –desde el estallido de la crisis económica– de forma automática aunque las propiedades se vendan por debajo del precio de la adquisición previa; es decir, aunque no haya habido «incremento» del valor, sino todo lo contrario.
Recientemente, el Tribunal Constitucional español ha determinado que «en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial», lo que supone que «no es legal imponer un impuesto cuando no se ha producido una ganancia económica».
Esto implica que las distintas administraciones con competencias fiscales en esta materia deben adecuarse a la doctrina del TC. En el caso de Hego Euskal Herria, la iniciativa queda en manos de las instituciones forales. Precisamente, el pasado martes las diputaciones de Araba y Gipuzkoa aprobaron en sus respectivos consejos de gobierno modificaciones en sus normativas para adaptarlas a la sentencia comentada.
Por eso sorprende que, ayer, el diputado vizcaíno de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, afirmara que la Diputación no se plantea hacer modificaciones en el impuesto municipal de plusvalía – como es más conocido– hasta que no concluya el debate que, según dijo, se está realizando en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT). En este órgano están representadas las tres diputaciones y el Gobierno de Lakua.
Iruarrizaga añadió que, en Bizkaia, no se da «la urgencia» que al parecer sí hay en los otros dos territorios ya que no se ha dictado ninguna sentencia que declare «la inconstitucionalidad de los preceptos» ni tampoco tiene la Diputación «noticia» de que se haya presentado algún recurso contra la liquidación de este tributo girado por algún ayuntamiento vizcaíno.
Por su parte, el juntero del Grupo Mixto, Arturo Aldecoa, que fue quien hizo la interpelación al diputado de Hacienda sobre este tema, destacó que este impuesto «recauda cada año en Euskadi alrededor de 50 millones de euros».
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