La pobreza energética, desde el punto de vista cualitativo, afecta a diferentes perfiles sociales en Iruñea, desde familias con bajos ingresos que no pueden pagar el precio de los suministros, a personas mayores, pasando por jóvenes emancipados que no pueden cubrir con el sueldo todos sus gastos o por hogares monoparentales o monomarentales con menores a su cargo.

El ‘Estudio exploratorio para establecer las bases de un análisis sistemático de la pobreza energética urbana en Pamplona’ refleja como causas potenciales de afección de esta problemática los ingresos en el hogar, las condiciones de la vivienda, el desconocimiento del lenguaje energético, la dificultad de administrar los recursos del hogar y, lógicamente, el precio de los suministros.

El concejal delegado de Ecología Urbana y Movilidad, Armando Cuenca, y el responsable del Servicio de Energía Verde del Ayuntamiento, Joël Dozzi, han explicado en rueda de prensa los detalles de este estudio, que tiene como objetivo aproximarse al fenómeno de la pobreza energética recabando y analizando, dentro de un marco metodológico concreto, toda la información disponible para establecer las bases que permitan llevar a cabo un análisis sistemático de esa pobreza energética en los distintos barrios de la ciudad.

Aunque este estudio no entra aún a evaluar cifras concretas de afección (se trata de un informe cualitativo no cuantitativo), trabajos anteriores de la Cátedra de Investigación para la Igualdad y la Integración Social de la UPNA, apuntan a que esta problemática afecta a unas 96.000 personas en Nafarroa, de las que 29.000 residirían en Iruñea.

Coordinación, información y transparencia
En sus conclusiones, el estudio propone empezar a trabajar medidas para hacer frente a este problema. Entre ellas destaca la petición de ahondar en la coordinación de las distintas medidas puestas en marcha por las diferentes administraciones; reforzar los programas de información, formación y asesoramiento a la ciudadanía; y redoblar la exigencia de una mayor transparencia a las empresas suministradoras.

Se considera que son hogares en pobreza energética aquellos que destinan más del 10% de sus ingresos en los gastos de energía. Según datos de la Fundación FOESSA, entre 2009 y 2015, la renta disponible por persona adulta en el Estado español se redujo en un 10,6%. En el caso concreto de Nafarroa, ese descenso fue del 8,1%. Por otra parte, según se desprende de las estadísticas de Eurostat, de 2008 a 2016, el precio de la electricidad para consumidores domésticos (sin considerar impuestos) se incrementó en el Estado español un 60% y el del gas natural casi un 65%.

El trabajo se ha desarrollado entre los meses de octubre y febrero. Se estructura en cinco apartados. En el primero, se presenta y conceptualiza el problema de la pobreza energética; en el segundo, se apuntan las respuestas institucionales y legislativas que comprenden este fenómeno; en el tercero se destacan las formas en que se mide la pobreza energética; en el cuarto se presentan los resultados obtenidos; y finalmente, en el quinto apartado, se exponen las principales conclusiones y se señalan propuestas y recomendaciones que permitan abordar sistemáticamente este fenómeno.

El estudio lo han realizado los sociólogos de Cátedra de Investigación para la Igualdad y la Integración Social de la Universidad Pública de Nafarroa, Laureano Martínez Sordoni y Ion Martínez Lorea. El presupuesto ha sido de 5.800 euros.

Perfiles
En este estudio, las entrevistas en profundidad han sido la herramienta elegida para recabar de primera mano información cualitativa sobre la pobreza energética. Los perfiles de personas entrevistadas se agrupan en cinco bloques: personas afectadas, administración pública (servicios sociales), el llamado tercer sector (colectivos y organizaciones), sector privado (energía y vivienda) y expertos del ámbito de la eficiencia energética y la sociología urbana.

Esas entrevistas establecen como causas de la pobreza energética factores como la falta de estabilidad e incertidumbre en los ingresos, el coste y los precios a pagar por los consumos de energía o las condiciones de la vivienda (desconocimiento generalizado de medidas básicas para contribuir al ahorro y la eficiencia energética, y falta de previsión de las administraciones en materia de rehabilitación).

Otros factores apelan al desconocimiento del ‘lenguaje energético’, a la falta de una información accesible y entendible, y a la dificultad de administrar los recursos del hogar (nivel de confort, calefacciones centrales). A ello se une la falta de transparencia del mercado energético, particularmente en lo que se refiere a atención a clientes, prácticas de venta (permanencias, dificultades de cambios de suministrador...) y a la falta de información o conocimiento que muchas personas usuarias tienen ante una mecánica de gran complejidad en la que se combinan conceptos (servicios contratados, potencia contratada, lectura de facturas u otros).

El informe concluye que la pobreza energética es un problema transversal que afecta a diferentes perfiles sociales. Afecta a personas con bajos ingresos, cuyos hogares tienen problemas de eficiencia energética con circunstancias (menores a cargo o situaciones de dependencia) en las que hay una necesidad de hacer uso de los suministros más allá de lo que permiten sus ingresos.

También afecta a personas mayores que, además de por factores económicos, se pueden encontrar en esa situación por no solicitar ayudas o por desconocimiento y resignación. Otro perfil afectado es el de los hogares en los que habitan menores, particularmente si son monoparentales o monomarentales. Por último, se menciona el perfil de jóvenes que se han emancipado, bien en pareja bien individualmente, que proceden de un nivel socioeconómico medio o medio-bajo y tienen dificultades para hacer frente a todos los gastos (hipotecas, gastos escolares, alimentación...).

Las cifras de ayudas no dimensionan realmente el problema
Desde el punto de vista cuantitativo el estudio se ha centrado en analizar si los datos existentes tanto de rehabilitación de viviendas como de ayudas municipales de emergencia por el pago de suministros energéticos bastan para completar el análisis.

La conclusión es que dan una indicación, pero no permiten medir la totalidad del riesgo de la pobreza energética en la ciudad. Y es que, según han destacado los comparecientes, las entrevistas en profundidad demuestran que proporcionalmente hay muchas más personas que aguantan «condiciones de vida difíciles energéticamente», que las que reciben ayudas.

Según el Informe sobre Vivienda del Ayuntamiento de Iruñea de 2015, un 14% del total de las viviendas de la ciudad tienen para sus propietarios necesidad de rehabilitación; un 7,9% considera que tienen bastante necesidad; y el 3,5% mucha necesidad. Iruñea cuenta con un 60% de sus viviendas construidas antes de 1980, es decir con cerca de 40 años, y levantadas antes de la entrada en vigor de la Norma Básica de Edificación de 1979. De 2004 a 2014 el Ayuntamiento de Iruñea ha destinado 27,3 millones de euros en ayudas a la rehabilitación de 413 edificios de viviendas.

En cuanto a las ayudas económicas a familias en situación de emergencia social, el año pasado se concedieron 2.258 con una cuantía total de 649.160 euros. De ellas, 232, un 5,9%, tiene como concepto principal la energía y repartieron 38.137 euros. En términos absolutos la mayor cantidad de ayudas a la categoría de energía se otorgaron en Arrotxapea (50), Etxabakoitz (28) y Txantrea (26), pero si se ponderan los porcentajes (peso relativo de cada caso por barrio en relación a la población total) la población de cada barrio, el mayor impacto de estas ayudas se encuentra en Etxabakoitz, Mendillorri, Buztintxuri y Arrotxapea.

Ocho recomendaciones
Finalmente, el estudio recoge ocho recomendaciones que contienen dos tipos de acciones, estrechamente vinculadas, pero que requieren ser diferenciadas en el análisis. Por una parte, se desglosan recomendaciones dirigidas a la producción o sistematización de la información sobre la pobreza energética (bases de datos, informes...) y, por otra, se recogen medidas que permitan resolver o mejorar la situación de personas y hogares que padecen esta problemática.

En cuanto a la información sobre pobreza energética, se recomienda establecer mecanismos de coordinación entre las áreas de la administración, tanto local como regional, más estrechamente vinculadas a los fenómenos que afectan a la pobreza energética, para así sistematizar esos datos y coordinar las medidas que se ofrecen para lograr una intervención más eficaz.

En segundo lugar, el área de Ecología Urbana y Movilidad (u otra instancia de coordinación) solicitará a los Servicios Sociales con cierta periodicidad la información recogida sobre las ayudas extraordinarias y las ayudas de emergencia.

La tercera y cuarta recomendaciones tienen que ver con las empresas suministradoras, a las que se pedirá con cierta periodicidad que remitan informes sobre operativas de paralización de cortes y sobre cortes efectivamente realizados, así como información sobre si los hogares que se acogen a los convenios de paralización de cortes de suministros cuentan con el Bono Social Eléctrico.

Al respecto de las medidas para resolver la situación de la pobreza energética, se apela sobre todo al asesoramiento, formación e información a las personas afectadas y en facilitar la tramitación de ayudas.

La quinta recomendación señala que, a partir de los casos identificados por los servicios sociales, se les ofrezca asesoramiento e información sobre posibles acciones  (ahorro energético, cambios de equipamiento, lectura de facturas...) o ayudas.

En sexto lugar, se recomienda organizar conjuntamente con las asociaciones del tercer sector acciones de formación e información en materia de derechos de los consumidores, ahorro y eficiencia energética. Estas acciones deberían extenderse al ámbito educativo.

Las dos últimas recomendaciones apuntan a facilitar la tramitación de medidas, ayudas o bonificaciones existentes en el caso de sectores vulnerables; y a conocer en detalle la situación de la ciudadanía afectada por pobreza o vulnerabilidad energética a través de modelos de encuestas.