Así lo han explicado en conferencia de prensa el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, y la directora general de Inclusión y protección Social, Gema Mañú, en la presentación del informe de ejecución de los programas de empleo social protegido durante el año 2016, cuyo coste ha superado los 7,63 millones (3,2 más que en 2015) y ha conseguido una ejecución de casi el 99 %.

Según ha recordado el consejero, la convocatoria de subvenciones destinada a las entidades locales para el desarrollo de proyectos de empleo social protegido está cofinanciada al 50 % por el Fondo Social Europeo y busca apoyar proyectos de interés colectivo y no lucrativo promovidos por las entidades locales para la contratación temporal de personas en situación de exclusión.

Entre otros fines, busca que éstas adquieran hábitos y habilidades que mejoren sus posibilidades de incorporación social a través del empleo normalizado, la formación y el acompañamiento social.

En ello se han implicado en 2016 un total de 44 mancomunidades y entidades locales (seis más que en 2015), que han visto incrementada la cuantía concedida respecto a la convocatoria ordinaria de 2015, lo que supone un incremento medio del presupuesto de un 173,23 %.

En datos globales, el 73,48 % de la partida presupuestaria se ha destinado a la contratación de personas usuarias, un 18,21 % a la contratación de personal de apoyo para el desarrollo de los proyectos y el 8,31 % restante se ha dirigido al desarrollo de diferentes acciones formativas.

Laparra ha expuesto además que la apuesta por el empleo social protegido ha posibilitado el desarrollo de «proyectos importantes de contratació»" a través de la metodología del acompañamiento social e individualizado a las personas perceptoras de Renta de Inclusión Social.

Así, mancomunidades y localidades como Cintruenigo han incrementado su programa en un 400 %; diez (Carcastillo, Corella, Lizarra, Etxarri, Irurtzun, Olite, Peralta, San Adrian, Ultzama y Atarrabia) lo han aumentado en más de un 300 %; once en más de un 200 %; y nueve han incrementado presupuestariamente en porcentajes superiores al 100 % respecto al ejercicio 2015.

De este modo, la convocatoria ha hecho posible, durante el año 2016, la contratación de 948 personas, de las cuales 825 han sido personas usuarias de los servicios sociales de base y 123 monitores o monitoras y personal de apoyo, lo que supone un incremento del 49,73 % respecto a los usuarios de servicios sociales de 2015.

De los 825 usuarios contratados el porcentaje de mujeres (45,58 %) ha sido casi diez puntos inferior al de los hombres (54,42 %), algo que el Gobierno quiere «corregir a futuro», según Laparra.

Por otra parte, un 89 % de las contrataciones ha correspondido a personas perceptoras de renta garantizada, bien en el momento de la contratación o en el año anterior de acceso al programa.

En 2016, la duración medida de las contrataciones se ha incrementado en cómputo global respecto a 2015 en un 52,56 % (ha pasado de 3,52 a 5,37 meses de media).

Además, los datos indican que la cofinanciación de las Entidades locales ha sido del 27,2 %, por lo que de los 7,63 millones euros destinados a los programas, seis millones han sido aportados por Gobierno de Nafarroa y 1,63 millones por las Entidades locales, aunque el porcentaje varía mucho en función de cada entidad.

Por su parte, la directora General de inclusión y protección social, Gema Mañú, ha informado de las novedades de la convocatoria para este año para favorecer principalmente el acceso al empleo en dos «colectivos clave» para el Departamento de Derechos Sociales: las personas perceptoras de renta garantizada y las mujeres.

Así, para facilitar la inserción laboral de parados de larga duración, la convocatoria de 2017 puntúa adicionalmente las contrataciones de quienes llevan percibiendo la renta garantizada durante dos años o más.

Además, para fomentar la contratación de mujeres, cuya presencia es diez puntos menor a la de los hombres y con diferencias significativas entre entidades, se exige para este año que al menos un 50 % de las contrataciones se dirija a este colectivo.

La convocatoria para este año 2017 mantendrá la misma asignación presupuestaria que el año anterior y las entidades locales conocieron la cuantía subvencionable para este ejercicio a principios del mes de marzo.

Con la finalidad de facilitar a los Servicios Sociales de Base la concesión de ayudas de emergencia social o el apoyo procesos de inclusión social, el BON publica las bases reguladoras de la convocatoria, dotada con dos millones de euros.

Se trata de subvenciones dirigida a las entidades locales para facilitar que los Servicios Sociales de base gestionen ayudas de emergencia destinadas a la inclusión de personas que tengan dificultades graves para cubrir de modo inmediato sus necesidades básicas de alojamiento, energía, nutrición salud y educación.

Durante el año 2016, estas ayudas han beneficiado a 3.500 unidades familiares, un 8 % más que en 2015, de las que el 55,71 % tenía menores a su cargo, un 22,17 % estaban conformados por hogares monomarentales y un 30,65 % eran hogares unipersonales, de forma que el número total de ayudas concedidas ascendió a 5.745.