Uno de los ejes del Plan habla de ETA y apuesta por el apoyo a la verificación y confirmación de un desarme «legal, definitivo y sin contrapartidas como paso previo a la disolución y desaparición»  de esta organización.

Este proceso, asegura el documento, se tiene que desarrollar en coordinación con los grupos parlamentarios y con los agentes institucionales, internacionales, políticos y sociales que sea procedente.

Así, el Gobierno se marca como objetivo afrontar «un nuevo tiempo» con la necesidad de cerrar heridas sobre el pasado, resolver problemas pendientes en el presente y consolidar una cultura de convivencia normalizada y con memoria.

El plan, que a partir de ahora recibirá aportaciones de distintos agentes hasta el 4 de julio, también pone el acento en la promoción de políticas públicas de «reinserción» de los presos y en impulsar medidas para que todas las víctimas se sientan reconocidas. Apuesta asimismo por completar sin exclusiones un mapa de la verdad con todas las vulneraciones habidas.

«Nueva agenda de preocupaciones»

Al margen de las cuestiones referidas al conflicto político vasco, el plan centra su mirada en la «nueva agenda de preocupaciones» y a los «debates emergentes» relacionados con la diversidad y la solidaridad, así como a fenómenos como el de las personas refugiadas, las migraciones o la pluralidad religiosa y cultural.

El plan, según ha dicho, pretende responder a las «nuevas formas de exclusión e injusticia», además de a la amenaza de la guerra o el «terrorismo internacional».

Este programa incluye una previsión presupuestaria desglosada por años, de forma que para las actuaciones previstas en 2017 se reservan 4,9 millones de euros, mientras que para 2018 y 2019 se presupuestan 5,8 millones en cada una de esas anualidades, y para 2020 se estima un gasto de 5,9 millones de euros.