«Un precio inasumible sería el que pudiera poner en riesgo las acciones anunciadas en materia de vivienda social», ha remarcado.

Laparra ha respondido de esta manera al parlamentario de Podemos Mikel Buil, quien le ha preguntado qué postura va a adoptar respeto a este proyecto que ha considerado un «pelotazo urbanístico», por lo que ha instado a paralizar las actuaciones, a ser «valientes» y abrir un espacio de reflexión para alcanzar «una vía de escape a este despropósito». «No nos limitamos a asumir la herencia, pedimos la paralización», ha aseverado Buil.

Laparra ha manifestado que mantienen la negociación con la comunidad salesiana en todos los ámbitos, pero ha remarcado que lo importante es «garantizar la reducción del riesgo económico».

Asimismo ha dicho que están estudiando una redistribución «más equitativa de los beneficios que llegue a ser al 50 % al final» y quieren que haya un mayor control en las actuaciones para que los fondos se utilicen de forma finalista para el colegio anunciado, con un mecanismo de supervisión del gasto.

El vicepresidente ha dicho entender «perfectamente la crítica al proyecto urbanístico» que puedan realizar tanto el Ayuntamiento de Iruñea como algunas fuerzas políticas y ha reiterado su disposición a hablar y negociar.

Ha recordado que éste no es un proyecto del Gobierno actual y que ellos lo habrían hecho de forma «totalmente distinta», pero ahora les toca asumir su responsabilidad y «para bien o para mal, las herencias difícilmente se repudian».

Por lo tanto, considera que« ahora tocar hacer una gestión responsable de esta herencia, de este proyecto», a lo que ha añadido que hay dos elementos claves que tienen que orientar la acción de Gobierno; la seguridad jurídica para todas las partes y el interés económico general del conjunto de la ciudadanía que requiere que no se produzca un quebranto en la hacienda navarra.