El presidente de Afapna, Juan Carlos Laboreo, ha advertido de que este decreto que «posiblemente va a terminar en los tribunales» porque «frustra a miles de navarros que veían el acceso a la función pública como una puerta abierta a conseguir un trabajo digno».

Tras subrayar que es una iniciativa que «allana el acceso a un 13% de la población» frente a más de un 80% que carece de conocimientos de euskara, Laborea ha indicado también que «va a generar una inseguridad jurídica».

«Este tipo de decretos, que se aprueban sin consenso, al final están abocados al fracaso», ha apuntado, y ha pedido «un proceso participativo anónimo» para que los más de 20.000 funcionarios «puedan expresar su apoyo o rechazo».

«Los empleados públicos les demandamos amparo, estamos sintiendo cómo se empieza a hablar de listas negras», ha manifestado el presidente de Afapna, que ha añadido que el borrador «adolece de todo tipo de informes jurídicos y presupuestarios».

En la misma línea se ha mostrado el secretario de Servicios Públicos de UGT, Jesús Elizalde, que ha destacado que «a medio y largo plazo se persigue considerar como bilingüe la inmensa mayoría de las plazas de la Administración», lo que «no guarda relación con la realidad sociolingüística».

«No dudamos en reconocer como enriquecedor el hecho de contar con dos lenguas propias en Navarra, pero la conservación del acervo cultural no puede implicar la vulneración de otros derechos como el acceso a la función pública en condiciones de igualdad», ha reivindicado, y denunciado la «inestabilidad» y la «paulatina precarización» que conllevará el decreto.

Elizalde, que también ha criticado la «excesiva» discrecionalidad que permitirá, ha subrayado que diseña un modelo de administración lingüística que «restringirá paulatinamente» el acceso de los castellano hablantes «en una sociedad en la que habla castellano el 100% de la población».

También en este sentido se ha manifestado Cecilio Aparte, de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, al tiempo que ha lamentado que no se han tenido en cuenta durante el proceso de negociación las propuestas con las que su sindicato buscaba un «equilibrio entre dos posiciones excesivamente enfrentadas».

Por su pare, Manuel esteban, de LAB, ha aseverado que «es decepcionante lo que se ofrece» ya que, sin «negar las medidas positivas» que contempla el borrador, «ni minimizar su valor», la propuesta del Gobierno «es insuficiente, sin ambición y corta de miras».

Prevé «mejoras» pero «no garantiza, en modo alguno, los derechos lingüísticos de los navarros», ha dicho, y ha agregado que «atenúa la actual situación discriminatoria pero, al mismo tiempo, consolida la situación del euskera como lengua de segunda», por lo que a juicio de LAB queda «largo trecho para alcanzar la normalización» y más cuando no se fijan plazos «para el cumplimiento de algunos cambios positivos».

Por último, Ainhoa Fernández, responsable de Servicios Públicos de ELA, ha señalado que el proyecto decreto presentado por el Ejecutivo es un «paso adelante» aunque «muy escaso».