La reunión se produce en un momento en que está sobre la mesa la petición de Iberdrola a Endesa, como su socio en Garoña, para que respalde la presentación de un escrito de desestimiento de solicitud de renovación de la autorización de explotación de la central nuclear.
Iberdrola ya había solicitado a finales de marzo a las partes implicadas -Nuclenor y Endesa- la convocatoria de este consejo de la sociedad, así como de una junta general extraordinaria, para el pasado 6 de abril, que finalmente tendrá lugar este miércoles.

El consejo de administración de Nuclenor se reunirá por la tarde, después de la celebración de la junta general de accionistas de Endesa y de la presentación de los resultados trimestrales de Iberdrola.

Los dos accionistas de Nuclenor llegan a la cita con una posición clara, en ambos casos, pero totalmente enfrentados respecto a la decisión final sobre el futuro de la central nuclear. En el caso de Iberdrola, fue su propio presidente, Ignacio Sánchez Galán, quien en el marco de la junta general de accionistas de la compañía aprovechó para asegurar que la central nuclear de Santa María de Garoña «no es viable económicamente, con pérdidas cuantiosas» desde hace años, y anunció que había pedido a Endesa que desista de su explotación.

Por su parte, fuentes del sector han destacado que Endesa será «coherente» con su posición acerca del futuro de Garoña y, en general, del parque nuclear español. «No habrá sorpresa en la posición de Endesa porque no ha pasado nada relevante que lo justifique», han señalado. De hecho, las fuentes aseguraron que la compañía se mostrará partidaria de esperar a la decisión del Gobierno acerca de la autorización de la continuidad de Garoña, y adoptar la decisión definitiva una vez se sepa si existe o no autorización para la misma.

205 millones de coste
No obstante, las propias cuentas de Nuclenor dejan en una situación muy complicada la continuidad de la planta burgalesa, que en 2016 registró unas pérdidas de 67 millones de euros y lleva desembolsados 330 millones de euros en Garoña durante los últimos cuatro ejercicios, desde que la central dejó de estar operación, el 1 de enero de 2013.

Además, la sociedad cifra en 205 millones de euros el coste de volver a poner la central en funcionamiento, nunca antes del 1 de enero de 2019. Esta cifra incluiría tanto las inversiones requeridas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) como los gastos operativos y otros como los del combustible.

Por su parte, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha subrayado que mantiene abierto el proceso de «escuchar a todas las partes interesadas» en la eventual renovación o cierre de la central nuclear y ha remitido a las partes interesadas el informe preceptivo aprobado por el CSN el pasado 8 de febrero para que presenten alegaciones y comentarios.

El Gobierno tiene de plazo hasta agosto para tomar una decisión sobre la continuidad de Garoña, tras el informe del CSN favorable a prolongar la vida útil de la planta. No obstante, la última palabra corresponde a Iberdrola y Endesa, propietarios de la central a través de Nuclenor.