Una pelea durante las fiestas de Murgia de 2013, en la que se vio implicado un guardia civil fuera de servicio, se ha saldado con la absolución de uno de los acusados y con tres multas de 288 euros para el resto de implicados, incluido el agente de la Benemérita. El suceso se ha juzgado en Gasteiz.

La Fiscalía de Araba pidió dos años y nueve meses de cárcel para tres jóvenes a los que acusó de dar patadas y puñetazos al guardia civil. Según la versión difundida, este se defendió y causó lesiones a dos de los encausados, por lo que a su vez le reclamaron una multa.

La petición fiscal ha sido desestimada por el Juzgado número 1 de Gasteiz, al considerar que no ha quedado acreditado que los tres jóvenes conocieran su condición de guardia civil y descarta, por tanto, el delito de atentado, según la sentencia a la que ha tenido acceso Efe.

El juez condena al guardia civil a indemnizar con 144 euros a cada uno de los dos jóvenes por las lesiones que les causó (288 euros en total) y estos deberán abonar al agente sendas indemnizaciones de 288 euros.

En el fallo, el magistrado explica que los hechos ocurrieron el 29 de setiembre de 2013, a las 7:30, durante las fiestas de Murgia, cuando un joven se acercó al agente del cuerpo armado y le preguntó en tono irónico «si estaba contento con el pueblo y con su trabajo». A la conversación se unió una tercera persona que se dirigió al agente para decirle «no eres bienvenido aquí, te dedicas a lo que te dedicas porque no sirves para otra cosa».

La sentencia recoge que en un momento dado, un joven dio un golpe en la cara al guardia y que, seguidamente, se arremolinaron unas diez o doce personas y se produjo el intercambio de golpes entre los tres condenados, entre los que se encuentra el propio agente.

Los hechos guardan una evidente analogía con la pelea de Altsasu, en la que se vieron involucrados vecinos y dos guardia civiles fuera de servicio, acompañados de sus parejas. Llama la atención que, en este caso, sea la Audiencia Nacional española la que ha decidió tomar cartas en el asunto e imputar un delito de «terrorismo» por el que mantiene encausados a diez jóvenes, tres de ellos encarcelados en Madrid en régimen FIES desde hace más de cinco meses, que se enfrentan a penas de cárcel de entre 10 y 15 años. El Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa ha terciado recientemente para advertir de que los sucesos no cumplen los requisitos de un delito de «terrorismo».