El referéndum sobre la independencia de Catalunya ya tiene fecha y día, a falta de todo lo demás. El pasado viernes llegó el esperado anuncio del Govern de la Generalitat, que fijó la votación para el 1 de octubre bajo una pregunta sobre un Estado catalán «independiente en forma de República». «El 28 de septiembre del año pasado me sometí a la cuestión de confianza anunciando que haríamos un referéndum de acuerdo con el estado o sin él», recordó el president Carles Puigdemont, antes de revelar la pregunta elegida.

Catalunya iniciaba así el tránsito por una ruta que hasta ahora el independentismo había tentado pero nunca transitado: la unilateralidad desacomplejada. El Govern se ha empeñado durante los últimos meses en sentar al Gobierno español a la mesa de negociación, sin ningún éxito. «Todo el mundo sabe que el problema no son los marcos legales sino que no se quiere», señaló Puigdemont. «Y con un no quiero es mejor no ir al altar».

Fijadas la fecha y la pregunta, desde el viernes Catalunya se ha sumergido en un calendario de cuatro meses durante los que el Govern deberá dar respuesta a los múltiples interrogantes que acompañan a la celebración de un referéndum no acordado. Entre otros, cómo será el censo, cómo se formarán las mesas o qué órgano controlará la buena marcha de la votación. Pero, sobre todo, la cuestión principal en el aire es cómo se amparará legalmente el referéndum, que deberá inscribirse en un ordenamiento jurídico propiamente catalán.

La idea en torno a la que el independentismo está cohesionado es utilizar la Ley de Transitoriedad Jurídica, una norma que serviría para desconectar la legalidad catalana de la constitucional española. Pero, además, esta ley también regularía el referéndum de autodeterminación, gracias a un complejo mecanismo legal por el que solo unos artículos entrasen en vigor en el primer momento, los relativos a la votación, para habilitarse el resto en caso de que el ‘sí’ resulte ser la opción vencedora el 1 de octubre.

Pero tanto la Ley de Transitoriedad como todo el resto de actos jurídicos –y, por tanto, impugnables– deberán esperar hasta después del periodo estival. Según han explicado en las últimas horas fuentes oficiales, el Govern agotará los límites temporales para aprobar leyes o decretos que el Tribunal Constitucional pueda echar abajo. Lo que significa que varias de las cuestiones centrales sobre el referéndum podrían no conocerse hasta finales de agosto.

El celo sobre los detalles, afirman desde Junts pel Sí, tiene que ver con la presión del Estado, que está dispuesto a utilizar toda su maquinaria judicial para evitar la votación. A diferencia de lo que ocurrió en el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014, cuando Mariano Rajoy hizo la vista gorda en la recta final hacia la votación, en esta ocasión el Ejecutivo del PP ha dejado claro que no tiene intención de permitir que los catalanes acudan a las urnas para decidir sobre la secesión. Así lo explicó el mismo viernes Madrid, que por boca del ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, dejó sentado que «el referéndum no se va a celebrar porque es ilegal».

Podemos, ni dentro ni fuera. A la aceleración política que Catalunya ha vivido tanto el viernes del anuncio como el sábado de la resaca se ha sumado cierta inconsistencia en el mensaje de Podemos y sus filiales catalanas. El primer pronunciamiento del partido morado desde Madrid consistió en afirmar que «la ciudadanía tiene derecho a expresarse pero un referéndum unilateral no soluciona el problema político existente en Catalunya». En cambio, la posición expresada tanto por Podem Catalunya como por Catalunya en Comú, sus aliados catalanes, no cuestiona la unilateralidad sino que reclama a los convocantes garantías sobre la efectividad de la convocatoria.

Más nítidas han sido las reacciones del resto del arco parlamentario. Ciutadans, en la línea de su descalificación del referéndum por comparación con el 9-N, ha asegurado que el anuncio de Puigdemont es una vuelta al pasado. También Miquel Iceta, del PSC, se opone frontalmente a una convocatoria que, según considera, no se llevará a cabo. Con mayor beligerancia incluso que el Gobierno español, el PP catalán no ha dudado en tildar a Puigdemont de «farsante».

Año 11 desde el referéndum pactado. El «problema político existente en Catalunya» al que Podemos alude es un asunto que colea desde hace cerca de dos décadas, tiempo durante el que la sociedad e instituciones catalanas lo han intentado resolver de diferentes formas. Hay que remontarse al año 1998 para encontrar los primeros debates entre el entonces president Jordi Pujol y el jefe de la oposición, Pasqual Maragall, para encontrar los primeros debates sobre el encaje estatutario catalán.

Precisamente la semana que viene se cumplirán 11 años desde el último referéndum pactado entre la Generalitat y el Estado, con el que los catalanes aprobaron el Estatut del 2006 que, cuatro años después, sería recortado por el Constitucional. Aquella sentencia cambió el escenario político catalán, convenciendo a muchos federalistas y autonomistas de que dentro del Estado no había cauce para sus demandas de autogobierno. Ahora, la fecha del 1 de octubre de 2017 amanece como un posible fin de trayecto en la lucha catalana por la soberanía.