Familiares de los jóvenes de Altsasu detenidos tras una trifulca frente a un bar han viajado hasta la sede de Bruselas del Parlamento Europeo para explicar su situación y, una vez, reclamar que no se trata de un «caso de terrorismo» y solicitar que la causa sea juzgada en Iruñea y no en la Audiencia Nacional español.

Junto a los familiares de los jóvenes altsasuarras se encuentra también en Bruselas su abogada, Jaione Karrera.

Los desplazados desde Altsasu están compareciendo en el Parlamento Europeo arropados por el europarlamentario de EH Bildu, Josu Juaristi, además de Izaskun Bilbao (PNV), Marina Albiol (IU) y Xabier Benito (Podemos).

Los familiares de los vecinos de Altsasu han recibido numerosas muestras de apoyo en Euskal Herria. La última de ellas ha sido la demanda del Gobierno navarro de que se acaben las medidas extraordinarias aplicadas a estos jóvenes.

«Venimos a Bruselas a decir firmemente que desde el pasado 15 de  octubre de 2016 estamos  sufriendo una situación muy injusta. Queremos hacer hincapié en las consideraciones que reiteradamente se han objetado desde organismos internacionales como Naciones Unidas con respecto a la legislación relacionada con el tema de terrorismo en el Estado español, porque nuestro caso no es ajeno a estas consideraciones. Estos organismos han puesto en entredicho las sucesivas definiciones del concepto de terrorismo utilizado por el sistema judicial español, tal y como el relator de la ONU sobre promoción y protección de los derechos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin advirtió de que ‘poco a poco se vaya ampliando la noción de terrorismo en actos que no constituyen y no guardan suficiente relación con actos de violencia contra la población en general’», han indicado.

Denuncia y agradecimiento

«Queremos denunciar que tres jóvenes llevan casi ocho meses encarcelados, a más de 400 kilómetros de sus hogares, que éste último mes se les ha alejado cien kilómetros más, y que se les está aplicando un régimen especial carcelario, FIES, como terroristas. Por otra parte, otros siete jóvenes, dos de ellos menores de edad, están en libertad provisional en espera de juicio en el marco de un posible delito de terrorismo. Nuestras hijas e hijos se enfrentan a penas de cárcel desproporcionadas que pueden superar los 10 o 15 años. Esta desproporción resulta más gráfica si comparamos estos hechos con acontecimientos similares de agresiones o peleas con miembros de las fuerzas de seguridad, estando en o fuera de servicio, que han ocurrido en Navarra como en otras provincias. Situaciones que en la práctica totalidad de los casos de los que hemos tenido conocimiento se han resuelto con penas menores, indemnizaciones y multas», han recordado, además de agradecer las muestras de solidaridad recibidas por instituciones y colectivos.

«No pedimos impunidad, ni posicionamientos de parte. Pedimos que se respete la presunción de inocencia, se realice una investigación rigurosa y neutral para el esclarecimiento de los hechos, se actúe con proporcionalidad y de manera ecuánime y respetando los principios del Estado de Derecho y las garantías procesales para un juicio justo. Pedimos justicia y derechos humanos, principios fundamentales que han guiado la construcción europea y los avances democráticos», han destacado.

Por la tarde, participarán en una conferencia sobre el Estado de excepción en la que estarán presentes representantes de varios países europeos.