![La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, en el centro. (Marisol RAMIREZ / ARGAZKI PRESS)](/media/asset_publics/resources/000/407/279/article_main_landscape/delcampo.jpg)
En un comunicado, el PSE de Barakaldo ha denunciado que «en los últimos tiempos la alcaldesa y su equipo de Gobierno del PNV han traspasado las líneas rojas al no respetar el empleo y los derechos de los trabajadores».
Según ha indicado, «el último episodio tuvo lugar ayer durante el Pleno Municipal ordinario del mes de junio». Ana Belén Quijada ha explicado que, a las protestas de los 42 trabajadores de La Milagrosa que han sido despedidos tras el cierre del colegio, se le unieron los 160 empleados del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que «temen por su puesto de trabajo debido a los recortes del PNV».
El sindicato CCOO presentó una moción de urgencia, avalada por PSE, EH Bildu e Irabazi, para paralizar la tramitación del contrato por parte del Ayuntamiento e incluir medidas que «protejan a la plantilla, pero la alcaldesa impidió su debate», ha criticado Quijada.
«Despotismo» y «recortes»
«Lo que ocurrió ayer en el Pleno no tiene precedentes en la historia de Barakaldo. La alcaldesa no solo impidió hablar a los trabajadores y trabajadoras y hurtó el debate político, sino que se burló de ellos y ellas al hacerles esperar durante más de una hora para luego impedir que se tratara la moción», ha denunciado la portavoz del PSE.
Quijada ha acusado a la alcaldesa de usar «argumentos peregrinos para justificar su antidemocrática decisión, como la hora del registro de la moción o que los trabajadores no tienen vinculación con el Ayuntamiento, algo que no se ajusta a la realidad, ya que estas personas prestan un servicio municipal a través de una empresa contratada por el Consistorio».
Asimismo, ha denunciado que «alrededor de 500 personas se han visto afectadas hasta ahora por los recortes en servicios como el control de accesos en el polideportivo de Lasesarre o el Servicio de Atención Ciudadana (SAC)». «A todo ello se le suma la situación irregular en la que se encuentran numerosos contratos, las demandas de un convenio digno por parte de la plantilla de la OTA y el despido de una serie de trabajadoras y trabajadoras del servicio de vigilancia de instalaciones municipales, entre otros conflictos laborales», ha detallado.
La portavoz del PSE ha indicado que, en los últimos meses, los plenos municipales «se han convertido en el punto de encuentro de numerosas movilizaciones, y muestra de ello es que en ninguna de los últimas seis sesiones ordinarias han faltado los carteles y las protestas de los trabajadores de algún servicio municipal».
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