El Gobierno luxemburgués ha presentado oficialmente la candidatura de la capital de este pequeño estado para acoger a la Autoridad Bancaria Europea (EBA), que deberá deslocalizarse de Londres por el Brexit, al igual que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), a la que aspira, entre otras, Barcelona.

«Luxemburgo ofrece una gran estabilidad política y económica, como subraya su calificación AAA y su continuo respeto de los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento», manifestó ayer su ministro de Economía, Pierre Gramegna. Defendió que «es la elección natural para albergar la EBA» tras recordar que esta ciudad es «una de las tres capitales europeas y es la sede de instituciones financieras y judiciales de la Unión Europea desde 1965», aludiendo así al Banco de Inversiones Europeo y al Tribunal de Justicia de la UE.

El Gran Ducado mantiene que, como centro financiero europeo e internacional, «la ciudad de Luxemburgo es la mejor posicionada para garantizar una relocalización eficaz de la agencia», a la que también aspiran Fráncfort y París.

El plazo para presentar candidaturas para acoger tanto la EBA como la EMA expiraba la pasada media noche, por lo que las listas oficiales de aspirantes a cada una se harán públicas hoy.

Fiscalidad muy cuestionada

Lo que el Ejecutivo luxemburgués no quiso recordar ayer es su implicación en asuntos financieros más que turbios, como las leyes aprobadas ad hoc para ofrecer ventajas fiscales a grandes multinacionales. Uno de los últimos ejemplos es el caso que implicó a Fiat-Chrysler, a la que la Comisión Europea obligó a devolver 30 millones de euros en impuestos atrasados que el Gran Ducado debía haber cobrado si hubiera seguido las normas comunitarias.

Por su parte, Oxfam Intermon incluyó a Luxemburgo entre «los paraísos fiscales más agresivos del mundo» en su último informe dedicado a este tema, que fue publicado en diciembre pasado. En este documento, titulado “Guerras fiscales”, la ONG subrayaba que estos paraísos fiscales «encabezan una carrera a la baja en la tributación de empresas que priva a muchos países de miles de millones de dólares necesarios para combatir la pobreza y la desigualdad».

Tampoco ha sido ejemplar la actitud mantenida por Luxemburgo tras el estallido de la crisis financiera global, ya que, junto con Austria, fue uno de los estados miembros que más resistencia opuso a algunas de las cláusulas incluidas finalmente en el acuerdo para reforzar la lucha contra el fraude fiscal en la UE que ha comenzando a aplicarse este año. Los dos estados citados no querían que se obligara a levantar el secreto bancario en caso de que se investigaran delitos fiscales.

Pese a ello, organismos internacionales como la OCDE o la propia UE, no incluyen oficialmente a Luxemburgo en sus listas de paraísos fiscales, sino que suelen alabar, y avalar, sus modernas capacidades como centro financiero internacional.

La liquidación del Popular, ante el TJUE

La asociación de consumidores Adicae ha presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, una demanda contra la Junta Única de Resolución (JUR) por la liquidación del Banco Popular, que conllevó la desaparición de la entidad y pérdidas para los accionistas.

Adicae considera que el procedimiento elegido para la resolución del Popular, cuyos activos fueron adquiridos por el Santander al precio de un euro, no fue transparente y no se respetaron los principios que rigen el Mecanismo Único de Resolución, además de «vulnerar la credibilidad del sistema al actuar con arbitrariedad». En su opinión, se infringió el principio que indica que los accionistas o acreedores no deberían soportar pérdidas superiores a las que habría afrontado en un procedimiento concursal.

La agencia Efe recordó que el pasado 25 de julio la Audiencia Nacional española admitió a trámite un recurso presentado por Adicae por el papel desarrollado por el FROB en esta operación. GARA