Hoy, 10 de agosto, finaliza el plazo para que las víctimas de la violencia de motivación política en el periodo 1960-1978 puedan cursar solicitudes de reconocimiento y reparación al amparo de la Ley 12/2016 aprobada el 28 de julio del año pasado por el Parlamento de Gasteiz. Mediante esta ley, Lakua pretendía dar protección y amparo a las víctimas de la violencia del Estado, policial y de la tortura, progresando en la definición de víctimas y de sus derechos en comparación a textos anteriores.

Pese a que la norma venía a regular y reconocer a las víctimas entre los años 1978 y 1999, ese periodo no ha llegado a activarse al no haberse redactado el reglamento que acompaña a cada ley en su aplicación. En cambio, sí se pudo desarrollar, a través de una cláusula adicional, la que otorgaba una nueva oportunidad a todas aquellas personas que hubiesen padecido vulneraciones de derechos humanos antes de 1978 pero que todavía no hubiesen formalizado una solicitud de reconocimiento.

Aunque parezca paradójico, la ley cuyo título hace referencia al periodo 1978-1999 ha dado en un principio reconocimiento a quienes hubiesen padecido vulneraciones desde los años 60. Hasta la aprobación en el Parlamento, lo relacionado con estas víctimas se regía por el Decreto 107/2012. Gracias a él, una comisión de valoración reconoció los casos de 187 personas, una mínima parte de las que se estima que tendrían derecho a ello.

Los censos aportan datos como que, en ese tiempo, al menos 1.566 personas fueron torturadas, cerca de 250 fueron gravemente heridas y requirieron hospitalización, y por lo menos a 118 personas se les vulneró el derecho a la vida, de las cuales por lo menos 76 no han recibido aún reconocimiento.

«Pésima gestión»

Al cumplirse un año de la aprobación de la Ley 12/2016, Egiari Zor Fundazioa considera que no se puede valorar positivamente la gestión que han realizado el Ejecutivo Urkullu y la Secretaría General para la Paz y la Convivencia, calificándola sin ambages de «pésima». Además de la «confusión» que el propio título de la ley ha generado, se quejan de que no se notificó hasta febrero pasado que el plazo de presentación de las solicitudes terminaba hoy, «argumentando un error de interpretación de los servicios jurídicos del Gobierno Vasco».

«Si un plazo de 12 meses es ya escaso para tramitar solicitudes de esta naturaleza, intentar llegar a todas las víctimas, preparar toda la documentación y tramitar la solicitud en menos de siete meses es prácticamente imposible», manifiesta Tasio Erkizia desde su experiencia.

Durante los últimos cinco meses, Egiari Zor ha ayudado a formalizar cerca de 30 solicitudes. «Hemos hecho un esfuerzo muy grande por tratar de llegar a las numerosas personas que sufrieron la violación de sus derechos en aquella época, pero nos ha sido imposible contactar con todas ya que, a pesar de que contamos con censos muy extensos, no disponemos de medios para llegar a cada una, informarlas debidamente y ayudarles a realizar las solicitudes», indica Pilar Urruzuno. «Debe ser tomada en cuenta la dificultad que atañe tratar de recabar documentación para intentar demostrar que una persona sufrió torturas, heridas de gravedad o incluso la muerte en las décadas de los 60 o 70», explica Erkizia.

«Tramitar una solicitud de estas características requiere recopilar información que en la mayoría de los casos no existe, ‘ha dejado de existir’, o a la que directamente se deniega el acceso (informes médicos, forenses, policiales, militares, etc). Requiere –apunta Urruzuno– recorrer juzgados de paz, registros municipales, judiciales y médicos; lidiar muchas veces con versiones oficiales construidas por las fuerzas de seguridad de una dictadura, a las que los informes jurídicos aún hoy día dan veracidad».

Erkizia apostilla que «además de lo tremendamente doloroso que resulta revivir ese tipo de circunstancias que marcan un antes y un después de la vida de una persona, conlleva tiempo, paciencia, firmeza y valentía».

Todos estos trámites han tenido que ser formalizados por las personas que padecieron vulneraciones, o por sus familiares y amigos más cercanos, sin acompañamiento alguno por parte de la Administración y en un plazo de cinco meses escasos. Otro factor que no hay que olvidar es la edad media avanzada de las personas, que añade un plus de dificultad.

Ane Muguruza, otra de las integrantes de la fundación, se queja de que ni el Gobierno ni la Secretaría General para la Paz y la Convivencia han utilizado una vía de comunicación directa para informar a estas personas de que estaba abierto un procedimiento para ser reconocidas y reparadas por los sufrimientos padecidos. «Ni siquiera un anuncio en prensa —lamenta–. Tampoco se ha contactado directamente con las víctimas o sus familiares hasta el último momento». «Incluso ha llegado alguna carta a mediados de julio», se queja.

«Se ha obligado a las propias víctimas a realizar todos los trámites online y con certificados telemáticos. En definitiva –subraya– no se ha ofrecido ningún tipo de ayuda ante una cuestión tan delicada como esta».

Sin entrar a valorar lo «rígido» que los procedimientos administrativos pueden llegar a ser, a Egiari Zor le parece «incomprensible la falta de tacto y cercanía que la Secretaría para la Paz y la Convivencia ha demostrado hacia las víctimas ante un reto de estas características». La fundación explica que dedica su labor primordialmente a contribuir a la creación de un mapa global con todas las vulneraciones de derechos humanos ocurridas, y a trabajar para la consecución de un marco legal que brinde el mismo nivel de reconocimiento y reparación a todas las víctimas. Por ello, han tratado de ponerse en contacto con todas las personas a su alcance y han realizado llamamientos para que los afectados presentaran solicitudes a la mayor brevedad posible. Además, destacan, han ofrecido su ayuda y asesoramiento.

«Hemos llevado a cabo esta labor pese a que esta era para nosotras una ley que no respondía suficientemente a la realidad completa de las vulneraciones de derechos humanos dadas en el marco del conflicto político. Aun y todo, sí considerábamos que era un avance en el camino de la consecución completa de la verdad de lo ocurrido y una contribución a la convivencia. Y por ello, –remarca Muguruza– era importante dar este paso».

Inseguridad jurídica

No pasan por alto que la Ley fue recurrida en mayo por el Gobierno español, en lo que desde Egiari Zor entienden es «un intento de dar un nuevo impulso a ese relato que niega la existencia de víctimas producidas por el Estado y sus aparatos». «Las víctimas han estado cursando solicitudes ante una ley que en este momento no tiene validez», comenta Erkizia, quien asegura que «la inseguridad jurídica que esto ha generado, ha frustrado muchas veces las esperanzas de verse reconocidas y reparadas a estas personas».

«Iniciar el camino del reconocimiento supone ya para una víctima hurgar en una herida muchas veces no superada. Las consecuencias emocionales de este proceso han supuesto en ocasiones que muchas personas no hayan querido comenzar ningún proceso de trámite, en un ejercicio de autoprotección ante la poca esperanza de ver reconocidos sus derechos», señala Urruzuno.

Por todo ello, Egiari Zor Fundazioa reprueba la actitud del Gobierno Urkullu y la Secretaría que dirige Jonan Fernández por una gestión del procedimiento administrativo de las solicitudes que tildan de «deficiente». También denuncian las «dificultades y trabas» en todo el recorrido y tramitación de la Ley, sin olvidarse de la «desinformación» con que han topado.

Les parece de «poco sentido ético» imponer plazos de acceso a normas y leyes relativas a los derechos humanos. Asimismo, inciden en la «inseguridad jurídica creada» y critican el establecimiento de arcos temporales en decretos y leyes que siguen dejando fuera de toda protección legal a numerosas víctimas.

«Es preocupante que se pretenda cerrar un capítulo de nuestra historia contando un relato incompleto, siendo plenamente conscientes de que la realidad es radicalmente distinta. El periodo final de la dictadura y la llamada Transición fueron épocas convulsas y sangrientas debido en su mayor parte a la violencia ejercida por el Estado franquista y sus aparatos», recuerda Erkizia.

«Estos datos debieran servir para reflexionar y analizar sobre qué es lo que ha fallado cuando se ponen en marcha leyes para dotar de reconocimiento y reparación a unas víctimas que existen y están en los censos, pero que nunca llegan a reconocerse. Y en ese sentido, la conclusión es clara: las instituciones deben poner todos los medios a su alcance para que las normas que habiliten lleguen por lo menos a aquellas personas a las que están dirigidas», defienden desde Egiari Zor.

Egiari Zor Fundazioa demanda una nueva ley «integral»

Egiari Zor Fundazioa solicita una actitud «proactiva» hacia todas las personas que hayan sufrido las consecuencias del conflicto en sus carnes, «sin excepción alguna». Entienden que reconocer y reparar a las víctimas es «un paso absolutamente necesario para la convivencia en términos democráticos, hasta completar el mapa de todas las vulneraciones de los derechos humanos y otros sufrimientos derivados del conflicto político».

Por ello, demandan la elaboración y puesta en marcha de una nueva ley «integral» de reconocimiento y reparación, que dé amparo y protección a todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, «sin plazos temporales que limiten el reconocimiento a un periodo concreto entre ciertos años; y sin plazos preestablecidos para presentar las solicitudes».

«Con esta propuesta –explican–, buscamos ofrecer la suficiente confianza mediante un mecanismo legal y seguro a todas aquellas víctimas que aún no hayan cursado la solicitud por una u otra razón, para que lo puedan hacer en el futuro, cuando estén lo suficientemente preparadas o hayan recabado la suficiente documentación». Para ello, proponen que la comisión de valoración se reúna periódicamente a analizar las solicitudes presentadas hasta el momento, y se vaya resolviendo poco a poco. «Estamos convencidas de que el pleno reconocimiento de todas las vulneraciones debe ser un proceso constante, que dará fruto en el futuro», subrayan.

Esta fundación ofrece su «más sincera colaboración» en este cometido al Parlamento, a los partidos que lo componen, al Ejecutivo autonómico y en particular a la Secretaría General para la Paz y la Convivencia.A.G.