![Julen Arzuaga, en una imagen de archivo. (Juanan RUIZ / ARGAZKI PRESS)](/media/asset_publics/resources/000/367/199/article_main_landscape/arzuaga.jpg)
En un comunicado, el parlamentario de EH Bildu recuerda que este jueves se ha cerrado el plazo de doce meses para que las víctimas de abusos policiales entre 1960 y 1978 que no hubieran solicitado su reconocimiento o lo hubieran hecho fuera de plazo, y que cumplen todos los requisitos, pudieran pedirlo.
Este plazo se recoge en una disposición adicional de la ley de «Reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999» que aprobó el Parlamento de Gasteiz el 28 de julio de 2016 y que está recurrida por el Gobierno español ante el Tribunal Constitucional.
En febrero del año pasado, Lakua ya reconoció a 187 personas como víctimas de abusos policiales y vulneraciones de Derechos Humanos entre 1960 y 1978.
Según EH Bildu las personas inscritas en este último año «han sido muchas menos que las previstas» y achaca al Ejecutivo autonómico no haber publicitado adecuadamente esta medida y al Gobierno español haber generado «inseguridad jurídica» con su recurso.
«A la vista de los medios que han puesto y los esfuerzos que han realizado para otros temas y víctimas, no lo podemos considerar como dejadez, sino como una clara voluntad de tratar de eliminar esta verdad de la historia y cerrar la puerta a la justicia y la reparación que merecen todas las víctimas», señala Arzuaga.
El parlamentario estima que a estas víctimas «no se las ha acompañado debidamente» en un proceso en el que ha habido «plazos estrictos, una tramitación difícil y poca atención cuando se han realizado consultas», lo que ha provocado «desconfianza» entre las víctimas que «supuestamente hay que reparar».
Gobierno: «Compromiso firme, documentado y sostenido en el tiempo»
Fuentes de Lehendakaritza han asegurado a Efe que el Ejecutivo mantiene un «compromiso firme, documentado y sostenido en el tiempo» para reconocer y reparar a estas víctimas, a pesar de las «dificultades» y «obstáculos» con los que se está encontrando, en referencia al recurso del Gobierno español.
Tras considerar esta labor como una «carrera de fondo», Lakua niega la acusación de lejanía con este colectivo, ya que ha mantenido contactos directos con las personas afectadas y con asociaciones «antes y después» de la aprobación de la ley para, entre otras cosas, informar sobre este trámite extraordinario.
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