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De los seis informes de Comptos de mayor relevancia, tanto por la cuantía como por el peso político de los implicados, dos se corresponden con irregularidades de lo que se conoce como «caso Egues», otro afecta al Ayuntamiento de Uharte, el cuarto a las ayudas a Tasubinsa y Anfas y el último a la planta de biometanización de Ultzama. En ninguno de ellos la Fiscalía ha ejercido la acusación, sino que siempre defendió que no existía delito, con una única excepción: el caso de las preferentes de Josetxo Andía. No obstante, la presencia del fiscal en la causa no se derivó de que Comptos le hubiera enviado el informe, sino que se sumó al procedimiento abierto por una denuncia de Nafarroa Bai que recayó en el Juzgado de Fermín Otamedi, y este juez recogió en sus autos la existencia de claros indicios de delito.
El primer gran caso de la última década que Comptos trasladó a los tribunales es el de Uharte de junio de 2009. En su informe, se censura la red de sociedades y fundaciones que se crearon en el municipio durante el boom inmobiliario (un periodo en el que se construyeron 1.877 viviendas). La Cámara destaca que algunas de esas entidades ejercieron de intermediariAs en operaciones opacas y llega a apuntar que, en ocasiones, no se utilizaron «medios y procedimientos ajustados a derecho». Las actuaciones de Fiscalía, entonces dirigida por Javier Muñoz, al respecto constituyen un misterio. De cara a la opinión pública, jamás existió el «caso Uharte».
Cuatro años después, Comptos envía a los tribunales de justicia su informe sobre la compra de preferentes de la sociedad semipública Andacelay de diciembre de 2013, es decir, ya con José Antonio Sánchez como fiscal superior. El alcalde había comprado preferentes de Catalunya Caixa (de la que era trabajador en excedencia). El fiscal pidió cárcel, aunque rebajó su calificación inicial el último día del juicio. Josetxo Andía salió absuelto. No hubo recurso.
A finales de 2014, se traslada un nuevo informe relativo al «caso Echauri forestal». Comptos calcula unas pérdidas de 3,7 millones. El caso se judicializa, pero el fiscal propone la libre absolución. Asegura que, pese a ser empresas públicas, debe prevalecer la legislación mercantil. El juez se aviene a le tesis del fiscal y los responsables de las pérdidas millonarias salen impunes, pese a que Comptos dice que la entrada en Deltor Green «no está suficientemente motivada ni justificada».
Eguesibar, Anfas y Ultzama
En junio de 2014, la Cámara elabora su gran informe sobre la última etapa de UPN en Eguesibar abarcando la etapa 2004-2013 . Quizá sea, junto con el informe sobre Sodena, la joya de la corona de la etapa de Helio Robleda al frente de Comptos. En realidad, el caso de las preferentes –y el más rocambolesco aún de la desaparición de un bar– no son sino ramificaciones de la trama de empresas semipúblicas (con el nombre común Andacelay) que creó el alcalde con la constructora Nasipa (quebrada hace unos meses). El informe detecta «relevantes incumplimientos de la normativa vigente, de los que pueden derivarse responsabilidades jurídicas en los ámbitos administrativo, tributario, societario y contable». Una vez más, el fiscal no acusará, tuvo que hacerlo el nuevo Ayuntamiento. Sin la presión de Fiscalía, el caso se ha sobreseído (de forma provisional) al entender la juez que, si bien es cierto todo lo que dice Comptos, los hechos no pueden calificarse como delito.
De forma muy similar acaba de resolverse el informe de 2014 de Ayudas Públicas a Tasubinsa y Anfas en el periodo 2009-2013. Se archivó el pasado junio y, leyendo la sentencia, se aprecia que la argumentación que exonera a los responsables son entrecomillados del escrito del fiscal. Un año antes, Fiscalía ya había solicitado con éxito que se absolviera a estos mismos acusados alegando que no había falsedad en las cuentas sino un «vicio adquirido» con los años.
Y así llegó el último informe sobre la planta de biogás Ultzama, el más contundente de todos: facturas dobles, contrataciones realizadas después de que el trabajo se hubiera realizado, etc. El caso se envía a Fiscalía, que aun corroborando todos los hechos denunciados, señala que no hay delito antes incluso de que lo vea un juez. Buena parte de la prensa y la opinión pública lo interpreta como un escándalo. Pero, visto en perspetiva, el escándalo quizá sea otro.
Unas investigaciones que llevan a una resolución poco clara
La labor fiscalizadora de Comptos tiene una doble problemática. La primera es metodológica. Por un lado, solo se pronuncia sobre documentación oficial: actas, registros de cuentas, etc. Y, en general, si alguien comete alguna irregularidad no deja constancia oficial. Es decir, los auditores de Comptos no son como los de Hacienda, que entran y solicitan toda la documentación, sino que tienen limitaciones. Si Comptos encontrara indicios de delito, este trabajo de campo le tocaría a un juez o a un fiscal.
La segunda debilidad metodológica de Comptos es que solo puede mirar empresas públicas, por lo que si estas se interrelacionan con otras mercantiles, su capacidad inspectora se queda coja.
El otro gran problema surge con el recorrido de sus informes, pues no son las entidades públicas navarras directamente afectadas por las irregularidades las que reclaman dinero o responsabilidades, sino que ese papel lo juegan instituciones dependientes de Madrid: Fiscalía y Tribunal de Cuentas. Pero claro, sus prioridades no son las mismas.
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