Según fuentes de los implicados en la investigación del 9N consultadas por Efe, entre los citados están también los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, así como otros siete cargos políticos y técnicos de los departamentos de Presidencia y Gobernación de la Generalitat.

Según Efe, ese día se les comunicará la cuantía de la fianza y cómo se reparte, dado que no todos los citados tienen el mismo grado de responsabilidad contable.

En el caso de que no abonen las cantidades que el tribunal les reclame, podrá procederse al embargo de los bienes de los investigados en esta causa.

Apoyo y firmeza de Puigdemont

El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha criticado este martes la nueva citación del Tribunal de Cuentas y ha anunciado que la ley del referéndum se aprobará esta semana y que el Gobierno catalán lo convocará para que se celebre el 1 de octubre.

Lo ha dicho en una comparecencia extraordinaria desde el Palau de la Generalitat junto con el vicepresidente, Oriol Junqueras, donde ha concluido: «Es una semana decisiva e histórica. Aprobaremos la ley del referéndum y convocaremos los ciudadanos a votar».

Es la primera vez que el presidente catalán admite que la ley del referéndum se aprobará esta semana y también se convocará, y ha expresado su «total apoyo» a los afectados por la citación del Tribunal de Cuentas como el expresidente Artur Mas.

Puigdemont ha acusado al Gobierno español de dar un «salto cualitativo en su estrategia desesperada» por «fomentar el miedo» para intentar evitar el referéndum del 1-O, tras «saltarse el Estado de derecho» con la última decisión del Tribunal de Cuentas.

«Si los tocan a ellos, los tocan a todos», ha afirmado Puigdemont, que ha recalcado que al organizar la consulta soberanista del 9N de 2014 «actuaron en nombre del gobierno de Catalunya», por lo que «no es un ataque a personas en concreto, es un ataque a todos aquellos demócratas que quieren votar» el 1-O.

Puigdemont ha subrayado que «no hay alternativa a votar». «Por más miedo que quieran fabricar, no tendremos miedo. Por más trabas que quieran poner en estos 25 días que faltan para hacer el referéndum, nada lo detendrá. El 1-O acabarán por convencer a aquella gente que tiene dudas», ha asegurado.

La decisión del Tribunal de Cuentas, que ha calificado como uno más de los «órganos politizados» del Estado español, «vulnera los procedimientos» previstos, al interpretar de manera «torticera» la normativa de las instituciones y saltarse «garantías fundamentales del derecho de defensa», sin esperar a «leerse los expedientes que habían pedido a los afectados», ha dicho.

Por ello, el Tribunal de Cuentas se sitúa "«en el terreno contrario al Estado de derecho» al llevar a cabo una «represalia económica ante el éxito democrático del 9N».

«Respuesta cívica, serena y masiva»

Para Puigdemont, «la única respuesta que podemos dar a estos excesos del Estado es una respuesta democrática, cívica, serena, masiva» el 1 de octubre. «Como Govern estamos preparados para firmar la convocatoria del referéndum cuando tengamos el texto legal que nos permita convocarlo. Llevamos seis años de suspensiones. Por 25 días no vamos a frenar el 1-O, al contrario, lo vamos a reforzar».

Por su parte, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha denunciado el «intento de impedir el derecho de voto» por parte de un estado que «quiere impedir el funcionamiento normal de las instituciones catalanas» y que «abusa de las instituciones que tiene en su entorno», a las que fuerza a «hacer papeles que no les corresponden».

«¿Hay algún auténtico demócrata que crea que la democracia tiene un precio o que renuncie a la democracia por una determinada cantidad de dinero? Ningún auténtico demócrata de ningún lugar del mundo estamos dispuestos a renunciar a la democracia porque nos amenacen con estas actuaciones contrarias al Estado de derecho», ha afirmado.

El vicepresidente y líder de ERC ha recordado que «convocar un referéndum no es ningún delito, ni desde el derecho internacional ni el español», por lo que ha acusado al PP de «saltarse las normas básicas de la democracia con un abuso del papel de las instituciones».