Mariano Rajoy ha comparecido tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, después de haber recibido los dictámenes del Consejo de Estado, favorables a la impugnación de la Ley del Referéndum.

Ha anunciado que ha dado orden de impugnar ante el Tribunal Constitucional las leyes aprobadas por el Parlament y la Generalitat para convocar el referéndum, y ha también que pedirá al alto tribunal que notifique a todos los altos cargos de la Generalitat relacionados con la organización del 1-0 y a los 947 alcaldes de Catalunya que tienen «el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum».

Según ha explicado, ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que, por un lado, presente un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Referéndum aprobada ayer por el Parlament y, por otro, impugne los decretos firmados después por el Gobierno de la Generalitat: el de convocatoria del referéndum y el que recoge las normas complementarias para su realización.

Adicionalmente, el Gobierno también va a impugnar la resolución 807/11 del Parlament, en la que se designan cinco miembros de la Sindicatura Electoral. En los textos que presente ante el TC, el Gobierno va a pedir «la nulidad de todos estos actos» y también va a solicitar que decrete la suspensión de todos ellos a la espera de la sentencia.

Además, pide que se notifique personalmente esta suspensión al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a los miembros del Govern, a los «principales altos cargos de la Generalitat que de una forma o de otra estén relacionados con la organización del referéndum» y también a los 947 alcaldes de Catalunya.

Rajoy ha puntualizado que el Gobierno español también solicita al TC que, en esas «notificaciones personalizadas» se «advierta a todos ellos de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum».

«Nadie va a vacilar a la hora de cumplir con su deber»

El jefe del Ejecutivo español ha advertido a la Generalitat de que «lo que no es legal, no es democrático», y ha garantizado que defenderá «el imperio de la ley» y que el referéndum no se va a celebrar, porque es «un claro e intolerable acto de desobediencia a nuestras instituciones democráticas» que su Gobierno tiene que defender.

Para ello, ha asegurado que no renunciará «a nada» para impedir que los independentistas catalanes «liquiden de un plumazo el modelo de convivencia democrático marcado por la Constitución y las leyes».

«Nadie va a vacilar a la hora de cumplir con su deber. La democracia responderá, lo hará con firmeza, con aplomo, con serenidad y con dignidad», ha proclamado.