El Gobierno español presentó ya al mediodía un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional, solicitándole la anulación de la tramitación de la Ley de Referéndum y que se actúe penalmente contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los otros cuatro miembros de la Mesa que aprobaron su inclusión en el orden del día.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy pide al TC la mayor claridad, contundencia y urgencia posibles en su respuesta a las decisiones del Parlament de Catalunya para –dice– salvaguardar la autoridad del propio tribunal y la del Estado de Derecho.

Los magistrados del Constitucional estuvieron reunidos durante la mañana de ayer, pero levantaron la sesión hasta hoy sin haber recibido todavía la demanda del Gobierno, que llegó por la tarde, y sin tratar la recusación interpuesta por Carme Forcadell contra todos los miembros del alto tribunal, a los que acusa de «falta de imparcialidad» y reclama que paralicen cualquier acción penal contra ella o el Parlament por la tramitación de iniciativas relacionadas con el referéndum previsto para el 1 de octubre.

Ambos temas serán tratados hoy, y también está previsto que Rajoy reúna a su Consejo de Ministros para recurrir la inconstitucionalidad de la Ley de Referéndum tras ser aprobada por el Parlament, y provocar su suspensión.

«Todas las medidas»

Fue la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien pasadas las 14.15 del mediodía anunció que Mariano Rajoy había ordenado presentar el incidente de ejecución, después de asegurar que «hemos puesto en marcha todos los mecanismos constitucionales para parar esta barbaridad democrática».

La Abogacía del Estado sostiene en su escrito que en esta ocasión, no basta con declarar la nulidad de los actos impugnados, sino que ésta debe ir acompañada de todas las medidas «que sean necesarias para evitar la continuación por la vía de hecho del Parlament del llamado proceso de secesión».

El TC volverá a reunirse hoy para abordar esta cuestión o incluso el recurso que puede aprobar el Consejo de Ministros. También el Consejo de Estado se mantiene en posición de alerta para juntarse hoy mismo con el fin de atender a los requerimientos del Gobierno de Mariano Rajoy. Su informe es necesario para presentar un recurso de inconstitucionalidad.

PSOE y Cs, con el Gobierno

Aunque con leves matices, tanto el PSOE como Ciudadanos se pusieron ayer del lado del Gobierno del PP. Mariano Rajoy estuvo ayer en contacto permanente con Pedro Sánchez y Albert Rivera. Hoy habrá reuniones en La Moncloa.

Desde el PSOE, su secretario de Organización, José Luis Ábalos, mostró en rueda de prensa el apoyo de su partido a las iniciativas que ha emprendido el Gobierno de Rajoy para lo que afirman es defender el Estado de derecho ante la «mascarada groseramente orquestada» contra la democracia que, a su juicio, se está desarrollando en el Parlament.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, dejó claro también el apoyo de su partido a las medidas que adopte el Gobierno español contra quienes quieren llevar a cabo un «golpe a la democracia».

Por otra parte, el Grupo Socialista registrará hoy mismo en el Congreso de los Diputados su propuesta para crear una comisión parlamentaria para el «diálogo, evaluación y modernización» del modelo territorial y del Estado autonómico español, con el fin de que pueda aportar soluciones a la crisis que se vive en Catalunya. La propuesta tiene el apoyo inicial del PP, pero en ningún caso está previsto que se apruebe antes del próximo 1 de octubre.

La Fiscalía se querella contra cinco miembros de la Mesa

En cuanto se conoció la admisión a trámite de la Ley de Referéndum, la Fiscalía Superior de Cataluña anunció la presentación de una querella por los delitos de desobediencia y prevaricación contra los miembros de la Mesa del Parlament que la habían aprobado. Se trata de los cuatro miembros de JxSí (la presidenta, Carme Forcadell, Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet) y el diputado de SíQueEsPot, Joan Josep Nuet. Se salvan los dos miembros de Cs y PSC que votaron en contra. Los futuros querellados no se sorprendieron por el anuncio, ya que arrastran casos anteriores. El paso no altera la hoja de ruta del referéndum, porque su tramitación y resolución, como ocurrió con la consulta del 9N de 2014, tarda años en sustanciarse.GARA