Mariano Rajoy hizo el discurso político y cumplió con recurrir ante el Tribunal Constitucional, y este alteró su orden del día para, sobre las 22.00, anunciar que admitía a trámite los cuatro recursos del Gobierno y, por tanto, suspende cautelarmente las leyes y decretos aprobados por la mayoría catalana. Pero fue el fiscal general del Estado, Juan Manuel Maza, quien anunció la adopción de la medida práctica directa contra el derecho a votar, al ordenar que la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra, en calidad de Policía Judicial, «intervengan los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal». Además, presentará sendas querellas criminales contra los miembros de la Mesa del Parlament que permitieron las votaciones de las leyes consideradas inconstitucionales y contra la totalidad de miembros del Govern, encabezados por Carles Puigdemont, por los decretos de convocatoria y organización del 1-O.

Con un tono menos estridente que el adoptado la víspera por Soraya Sáenz de Santamaría, pero también duro, el presidente del Gobierno español –al que apoyan casi de manera incondicional PSOE y Ciudadanos– sostuvo ayer que hará todo lo necesario «sin renunciar a nada» para defender la unidad española y pidió a las autoridades catalanas que no sigan adelante porque «el Estado de Derecho no se va a plegar a sus bravatas».

La maquinaria estaba engrasada. Pese a que las decisiones catalanas se tomaron bien entrada la noche del miércoles, el Consejo de Estado tuvo presto para el mediodía de ayer el informe en el que aseguraba que la Ley de Referéndum es inconstitucional «en grado máximo».

Además de recurrir las leyes y decretos catalanes para provocar su suspensión, el Ejecutivo pidió al TC que comunique sus decisiones a más de mil personas, entre ellas los alcaldes, los altos cargos de la Generalitat y los medios públicos catalanes, con la advertencia expresa y personalizada de que su deber es impedir la celebración de la votación. Y así lo hizo el Tribunal, que tras su reunión de urgencia suspendió la vigencia de la Ley de Referéndum, la convocatoria, las normas para organizarla y la Sindicatura Electoral.

Desde el Gobierno español se explicaba también, según informó Efe, que una vez el TC decidiera la suspensión las empresas privadas no pueden colaborar con los promotores del referéndum.

Todas las estructuras

Todas las estructuras del Estado se pusieron en marcha en la mañana de ayer para tratar de impedir que las catalanas y catalanes voten el 1 de octubre. El Consejo de Estado hizo su informe, el TC no admitió la recusación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y aceptó el incidente de ejecución de sentencia que la víspera había presentado el Gobierno. Mariano Rajoy recibió en La Moncloa al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que le mostró el apoyo de su partido a las medidas que adopte, al igual que por la tarde hizo Albert Rivera, líder de C’s. Luego se celebró un Consejo de Ministros extraordinario que aprobó los recursos de inconstitucionalidad, que el TC admitió por la tarde, en otra reunión extraordinaria.

Entre tanto, el fiscal general del Estado, Juan Manuel Maza, compareció ante los medios para dar cuenta de sus actuaciones «en defensa de la legalidad y del Estado de Derecho ante la gravedad de la situación generada en la Comunidad de Catalunya, provocada por responsables de la Generalitat que, actuando en violación de la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía y desobedeciendo frontalmente los reiterados pronunciamientos del TC, han convocado el denominado referéndum de autodeterminación».

Entre estas medidas están las querellas criminales contra los impulsores de la votación y que las FSE, incluidos los Mossos, «investiguen todas las actuaciones dirigidas a la organización del referéndum ilegal, al ser indiciariamente constitutivas de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, al menos».