Sin que apenas nadie se inmutase –públicamente– en Barcelona, ayer se materializaron las primeras amenazas vertidas la víspera por el Estado español contra el 1-O. En Constantí (Tarragona), la Guardia Civil entró finalmente en la imprenta en la que, supuestamente, se imprime documentación del referéndum –según el abogado de la empresa, se fueron sin nada–, aunque fue a última hora de la tarde cuando llegó la noticia que más recorrido tendrá en los próximos días: el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) admitió a trámite las duras querellas presentadas durante la mañana por la Fiscalía.

No parece, sin embargo, que las denuncias contra todos los miembros del Govern y los miembros independentistas de la Mesa del Parlament vayan a frenar el rumbo hacia el 1-O. Las instituciones catalanas, que ayer mantuvieron un bajo perfil público, respondieron por la vía de los hechos –así parece que va a ser en los próximos días: declaraciones, las justas; hechos, los pertinentes–.

El conseller de Exteriores, Raül Romeva, recibió en Barcelona al primer grupo de seis observadores electorales internacionales encabezados por el diplomático holandés Daan Everts –fue embajador de la OSCE en el proceso de independencia de Kosovo, por ejemplo–. Y paralelamente, catalanes residentes en el exterior pudieron emitir su voto por correo para el referéndum, después de recibir el jueves la documentación de la Generalitat. Es decir, el 1-O tiene ya a sus primeros votantes. No está mal subrayarlo.

Y por su parte, la Esquerra Independentista sacó por primer día la defensa del referéndum a la calle, con concentraciones frente a los ayuntamientos que, a buen seguro, veremos a menudo en las próximas semanas.

En silencio durante todo el día, el president, Carles Puigdemont, solo habló al anochecer, en un acto junto al presidente de la ANC, Jordi Sánchez, en el que insistió: «Arriesgaremos mucho, el Govern no fallará».

Duras querellas

Merece la pena, por ardua que resulte la jerga jurídica, detenerse a leer las querellas presentadas ayer por el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada. Para empezar, acusa a todo el Govern y a los miembros independentistas de la Mesa de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. Este último delito penal, por el que no fueron juzgados Mas y compañía en el 9N, implica penas de prisión.

Además, la Fiscalía pidió una serie de medidas cautelares como el cierre de la web oficial del referéndum o el formulario en el que se apuntan los voluntarios. En una decisión sin precedente conocido, también pidió al Tribunal que se dirija los directores de todos los medios de comunicación con sede en Catalunya para que «impidan la inserción de cualquier tipo de publicidad institucional o propaganda sobre el referéndum». Algo que ya ha tenido sus efectos, ya que algunos medios –de línea editorial contraria a la independencia– lo han acatado. Por último, pide también medidas cautelares para asegurar que los miembros del Govern paguen por sus posibles futuros delitos, «incluyendo la exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes».

«Requisando urnas»

En la querella también se pide al TSJC que pida a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a los Mossos d’Esquadra, en calidad de Policía Judicial, que «adopten las medidas necesarias para impedir la promoción, organización y celebración del referéndum ilegal». De hecho, el texto de la Fiscalía va más allá y pide que se intervengan «los efectos o instrumentos» para el 1-O, «requisando, a título de ejemplo, urnas, sobres electorales, impresos electorales», etc.

Los requerimientos a las fuerzas de seguridad también se recogieron en unas instrucciones directas a los cuerpos policiales –en el caso de los Mossos, específicamente al mayor Josep Lluís Trapero– para que intervengan «ante cualquier actuación de autoridades, funcionarios públicos o de particulares, en connivencia con los anteriores, dirigida a la organización del referéndum». Una instrucción que tiene dos extremos que, probablemente, tendrán sus consecuencias. Por un lado, el aviso concreto a los Mossos –ayer nadie dijo nada en la conselleria de Interior– y, por otro, la advertencia a los particulares, que pueden ser perseguidos también si colaboran en la organización del referéndum «en connivencia» con las autoridades. Cabe recordar en este punto que solo en las primeras horas se inscribieron más de 26.000 voluntarios.

De forma paralela, la presión sobre Catalunya para que renuncie al 1-O se redobló ayer por todos los frentes, desde la amenaza del presidente de la Liga de Fútbol de que el Barça quedaría fuera en caso de independencia hasta la de la agencia de calificación Fitch de bajar la nota de la deuda de Catalunya si el conflicto se enquista, pasando por la petición de Cristóbal Montoro de que el Govern justifique los gastos realizados hasta ahora de camino al referéndum. Un Montoro, por cierto, cuyo Ministerio de Hacienda ha reconocido esta semana que la balanza fiscal negativa para Catalunya –la diferencia entre lo que paga y lo que recibe– sigue aumentando.

El catálogo de amenazas no impresionó, sin embargo, a Romeva, que recomendó «disfrutar» del camino al 1-O. Algo que el exalcalde de Marça (Tarragona), un señor llamado Josep Maria Piqué, ya está haciendo. Ni corto ni perezoso, ayer imprimió en su garaje 45.000 papeletas para el referéndum.

680 ayuntamientos con el 1-O, pero Barcelona no se moja

La implicación de los 947 ayuntamientos en el referéndum sigue siendo uno de los focos de atención informativa estos días. Al cierre de la presente edición eran 680 los municipios, más de dos tercios, los que se habían adherido a la convocatoria del 1-O, si bien crecieron también en algunas decenas –no se hizo pública la cifra concreta– aquellos que han anunciado su oposición. Son sobre todo alcaldías del PSC en las que la Generalitat tendrá que buscar otros locales para poder llevar a cabo el plebiscito del 1 de octubre.

Esta madrugada acaba el plazo de 48 horas que el Govern dio a los ayuntamientos para que aclaren si cederán o no los habituales espacios de votación, pero la decisión de Barcelona se hará esperar. No es una posición fácil para Ada Colau, que debe elegir entre facilitar la votación y romper su coalición con el PSC, o acatar al Tribunal Constitucional y alinearse con el unionismo más cerril. De momento, ayer trató de ganar más tiempo enviando una carta al Govern para preguntarle cómo piensa ejecutar el referéndum después de la suspensión del Tribunal Constitucional. Medios como “El País” o “El Periódico” se lanzaron a asegurar que Colau no cederá los locales, apoyándose en el informe jurídico presentado por el secretario municipal que, según publicaron, desaconseja implicarse en el plebiscito.

Si así acaba siendo, la hemeroteca jugará una mala pasada a una alcaldesa que en 2014, en vísperas del 9 de noviembre, aseguraba: «A diferencia de CiU, yo estoy dispuesta a desobedecer el Gobierno del PP para poner urnas el 9N por el derecho a decidir».B. Z.