El Gobierno español señala en el recuso que presentó ayer ante el Tribunal Constitucional (TC) que la ley de Transitoriedad Jurídica de la República de Catalunya aprobado el pasado jueves por el Parlament catalán constituye junto con la ley del Referéndum, «la mayor afrenta y amenaza a la democracia y a la destrucción de las normas de convivencia que la sociedad española se dio en el año 1978».

En su recurso, que ha sido admitido hoy por el alto tribunal, se solicita la suspensión cautelar de la norma aprobada por el Parlament catalán y se defiende la «extraordinaria relevancia constitucional» de la petición del Gobierno y añade que también resulta «imprescindible» para defender al propio Parlament como institución democrática «frente a la apropiación que de él pretende un conjunto de diputados, arrogándose una legitimidad y una competencia de la que manifiestamente carecen».

A juicio del Gobierno español, los 71 diputados que aprobaron esta ley el pasado jueves «han abusado de forma descarada del Parlament para fines espurios, violando su carácter de institución democrática estatuaria con manifiesta desobediencia de las resoluciones que el TC ha dictado». El texto recuerda que, desde el punto de vista jurídico «el documento impugnado es inexistente por ser de contenido imposible», si bien es necesaria su impugnación y anulación formal.

En un recurso de 29 páginas, la Abogacía del Estado explica que la ley, que tacha de «burdo documento que se ha tratado de orquestar por la exigua mayoría parlamentaria», viola la Constitución española, el Estatut catalán y el Reglamento del Parlament de Catalunya y es una «aberración jurídica de tal orden que solo se puede calificar de arbitraria y arbitrista».

El documento no se para a analizar artículo por artículo la ley de Transitoriedad, pero sí algunos de sus puntos. Entre ellos, el que afirma que una hipotética república catalana se integraría en la UE y en los tratados internacionales firmados por el Estado español, un punto que «no cabe sino calificar de irreal y delirante».

Los magistrados del TC habían incluido también en su orden del día de este martes el recurso del Gobierno español contra la ley del código tributario con la que la Generalitat catalana busca crear una Hacienda propia, que ha sido igualmente admitido y por tanto ha quedado igualmente en suspenso.

La decisión del TC viene acompañada de un nuevo apercibimiento de la obligación de obedecerle dirigido a los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament.