En su carta conjunta, las máximas autoridades del Govern, Parlament y Ayuntamiento de Barcelona advierten de que «no dialogar es incompatible con la resolución de los problemas» y añaden: «Nuestra disposición al diálogo ha sido, es y será permanente».

«Queremos hacer un nuevo llamamiento al diálogo al Gobierno español y, en particular, a su presidente, Mariano Rajoy. Un llamamiento al diálogo para abordar de qué manera nos podemos poner de acuerdo para que los catalanes celebremos un referéndum», afirman, en un último intento de acordar el referéndum antes del 1-O.

A 16 días del 1 de octubre, Puigdemont, Junqueras, Forcadell y Colau reclaman un «diálogo abierto, sin condiciones», para «hacer posible lo que en democracia nunca es ni un problema ni aún menos un delito: escuchar la voz de la ciudadanía».

En la misiva, remarcan que «los conflictos políticos se resuelven, en los sistemas democráticos, a través de propuestas políticas que son consecuencia de negociaciones y diálogo», pero la «respuesta» del Estado español al caso catalán «siempre ha sido negativa o con un recorte insostenible», y recuerdan que el TC «tumbó» el Estatut aprobado en referéndum en 2006, lo que «rompió el pacto pacte constitucional de 1978».

Ahora, el Govern propone resolver el «conflicto» mediante un referéndum de autodeterminación para el 1-O, que no cuenta con el «acuerdo» del Estado «como habría sido deseable y como se ha pedido reiteradamente por una amplia representación de los parlamentarios y de la sociedad catalanes», señalan, en referencia al Pacto Nacional por el Referéndum.

«De hecho, hoy la justicia española está interrogando a responsables de aquel Pacto, aprobado por el Parlament y nunca invalidado por el Tribunal Constitucional, como si se tratase de una actividad ilícita», denuncian.

Pero «lejos de abrir la puerta al diálogo, el Estado español ha iniciado una ofensiva de represión sin precedentes en que contempla desde la limitación del derecho fundamental a la libertad de expresión» hasta la «detención del 75 % de los alcaldes de Catalunya» que se han comprometido a facilitar el 1-O, indica la carta, que se hace eco de las «querellas penales» de la Fiscalía contra el Govern y la mayoría de miembros de la Mesa del Parlament.

«Todo esto, pese a que el Código Penal español confirma que convocar un referéndum, aunque sea sin acuerdo, no es nunca un delito», añaden los firmantes de la carta, que destacan el apoyo «incuestionable» de la sociedad catalana a la celebración de una consulta.

Con relación a esta carta, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha señalado, en declaraciones a Catalunya Ràdio, que el objetivo de la misma es promover el «diálogo» y el «sentido común».

«Vamos a reconducir esta situación que no lleva a ninguna parte, que no es buena para nadie, ni para Catalunya, ni para España», ha dicho.