Faltan dos semanas para que el referéndum se celebre y, desde el punto de vista procedimental, las dudas e incertezas son enormes. Tras las desautorizaciones del TC y tras las primeras medidas represivas, nada hace suponer que el proceso vaya a detenerse, pero tampoco está nada claro que el referéndum pueda celebrase con un mínimo de condiciones. Las posiciones políticas de los dos bloques, el independentista y el contrario al reconocimiento de la plurinacionalidad y del derecho a decidir de los catalanes, siguen como estaban. La manifestación de la Diada demuestra la continuidad de un importante apoyo social. Pero sigue habiendo dudas sobre el porcentaje de catalanes dispuestos a ir a votar. Cualquier cifra que no se acerque a los tres millones de votantes (el censo electoral es de 5’7 millones) puede resultar insuficiente a efectos de legitimidad de la ruptura y de credibilidad internacional.

Catalunya en Comú ha decidido, en consulta interna, que apoyará la movilización política del 1-O, a pesar de manifestar que ese referéndum no es el que ellos quisieran y que los problemas procedimentales de todo tipo que aún persisten hacen dudar del grado de vinculación que el resultado acabe arrojando. Tal posición, que no es neutral ni equidistante, sino de apoyo crítico dada la pluralidad interna de sus militantes y votantes al respecto, puede acabar siendo importante para calibrar finalmente el éxito político la noche del 1-O

Aumenta la tensión social. Y si bien la convivencia sigue funcionando sin demasiados problemas, si hacemos caso del «ruido» de las redes el «calentamiento global» es notable. Cualquier paso en falso de los distintos actores, cualquier extralimitación represiva, puede acabar generando complicaciones ahora impredecibles. Lo que es seguro es que el tema no va a desaparecer de la agenda política catalana ni tampoco de la española el 2 de octubre. Y esa es ya una victoria clara para aquellos que creemos que ha de reconocerse a Cataluña como un sujeto político propio con capacidad de decidir.