Había dos preguntas encima de la mesa para el Govern tras una intensa mañana: ¿Afectará la incautación de las notificaciones de la Mesa realizada hoy en Terrassa al desarrollo del referéndum del 1 de octubre? ¿Qué hará el Govern ante el ultimátum para intervenir las cuentas por parte del ministerio de Hacienda?

La primera ha sido contestada por la vía rápida por el vicepresident, Oriol Junqueras: «Ante cualquier acción represiva, hay una solución democrática». «Claro que habrá referéndum, tenemos un compromiso y lo cumpliremos, los ciudadanos votarán el 1 de octubre», ha añadido Junqueras, que no ha dado ninguna pista sobre las alternativas que barajan para enviar las notificaciones de mesa electoral y las tarjetas censales.

La segunda respuesta es más enrevesada. El vicepresident ha informado de que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por el Govern contra la intervención de las cuentas catalanas, algo que implica, según Junqueras, la suspensión cautelar de la medida anunciada por Cristóbal Montoro. Ha apoyado su afirmación en la jurisprudencia del propio Supremo.

Sin embargo, nada indica que el Supremo comparta esta opinión del Govern –está negándolo a la prensa–, por lo que no está nada claro que la intervención esté suspendida. Aunque ha dado ciertos rodeos, Junqueras ha dado a entender que no entregarán el listado de nóminas a pagar solicitado por Hacienda –«actuaremos como siempre, ejerceremos nuestras funciones»–.

También ha señalado que informarán «por vía administrativa y por vía notarial» a las entidades financieras que manejan el grueso de los fondos de la Generalitat –Caixabank y BBVA– de que todo sigue igual a esta hora. Trata así de evitar que, tal y como quiere Hacienda, los bancos bloqueen las cuentas de la Generalitat.

«El Govern dispone de todos los recursos para hacer frente a todas sus obligaciones», ha asegurado Junqueras, que ha criticado que Montoro trate de justificar la intervención de las cuentas basándose en la Ley de estabilidad financiera, impuesta por la UE. «El 85% del déficit reducido por todas las administraciones públicas del Estado ha sido reducido por Catalunya», ha explicado el vicepresident, añadiendo que «quien está con un expediente abierto por un exceso de déficit es el Estado español». «Es una situación paradójica que aquellos que son irresponsables quieran controlar a los responsables», ha concluido.