Y cuando tocó, el PSOE de Pedro Sánchez volvió a cerrar filas con la decisión de Mariano Rajoy de intervenir la autonomía catalanas y entrar con la Guardia Civil en la Generalitat. Consumada la intervención en Catalunya, el presidente del Gobierno citó en la Moncloa, por separado, a los secretarios generales del PSOE y de Ciudadanos. Después, Rajoy mostró su satisfacción por el apoyo que ambos le habían trasladado y fuentes del Ejecutivo español sostuvieron que «lo más importante es que se mantiene la unidad en defensa de la Constitución».

La Ejecutiva del PSOE celebró una reunión de urgencia para analizar la situación. Tras ella, su secretario de Organización, José Luis Ábalos, proclamó la defensa de lo que llama Estado de Derecho y de la legalidad ante el «atropello» de la convivencia que ve en la convocatoria de un referéndum el 1 de octubre.

Sobre las detenciones, afirmó que al Estado de Derecho sólo le queda actuar «en consecuencia» ante los pasos del independentismo. Y únicamente matizó la necesidad de actuar con «proporcionalidad».

José Luis Abalos pidió a la Generalitat que desconvoque el referéndum del 1 de octubre, aduciendo que además de no contar con las «mínimas garantías» democráticas, tras la intervención policial de estos días no hay posibilidad material de llevarlo a cabo y está provocando una «fractura tremenda en la sociedad catalana».

Rajoy: «Estaban avisados»

La operación policial coincidió con la sesión semanal de control al Gobierno en el Congreso a primera hora, y Mariano Rajoy despachó las críticas que le llegaron de ERC, PNV y PDeCAT diciendo que no podía permitir que se conculcara la ley y alegando que se trataba de una orden cursada por un juez.

Después, en declaraciones a los medios fuera del salón de plenos, el presidente del Gobierno trató de restar excepcionalidad a lo ocurrido, escudándose en que «estaban avisados, sabían que el referéndum no se podía celebrar porque es liquidar la soberanía nacional y el derecho que tienen todos los españoles a decidir lo que quieren que sea su país».

Montoro: «Para crear empleo»

Especialmente llamativa fue la respuesta que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dio a quienes desde En Comú Podem y el PDeCAT denunciaron la intervención de las cuentas de Catalunya. Negó la mayor y aseguró que el Gobierno español se había limitado a «tomar medidas de control de gasto para que no se paguen ilegalidades con dinero público, y para que no se perjudique la estabilidad presupuestaria, que es la base de la recuperación económica, del crecimiento del PIB y de la creación de empleo que vivimos en España».

Aunque resulte chocante o cínico, Montoro repitió otra vez que su intervención de las cuentas catalanas pretendía «que en Cataluña haya más empleo y para eso es muy importate cumplir las leyes de España que además trasladan la gobernanza europea». Incluso reprochó al PDeCAT, que estuvo de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que ahora se echara las manos a la cabeza por su aplicación.

Por la tarde, el ministro de Hacienda sostuvo ante la comisión del Congreso que el control del presupuesto de la Generalitat se mantendrá de manera indefinida, «mientras sea preciso» y durante los meses que sean necesarios para garantizar la estabilidad y el cumplimiento de la legalidad española.

Aplauso de PSOE y Cs

Tras las explicaciones de Montoro, el PSOE y Ciudadanos respaldaron las medidas de control financiero aplicadas, pues ambos coincidieron en achacar a los independentistas el incumplimiento de la ley.

Julián López Milla, del PSOE, sostuvo que «el Gobierno catalán ha optado por una vía unilateral, ilegal y que está condenada al fracaso», aunque añadió que «la solución no va venir de la mano de los tribunales, sino del diálogo».

Cs reconoció que la medida era «contundente», pero la entendió «necesaria».

Unidos Podemos critica y se dan movilizaciones en el Estado

Unidos Podemos dejó clara ayer su oposición a los movimientos del Estado en Catalunya. Primero fue el portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Doménech, quien dejó claro ante el pleno que «esto ya no va de independentistas y no independentistas, o de federalistas o nacionalistas... va de ustedes [en referencia al Gobierno del PP] contra Catalunya y nos tendrán en frente como un solo pueblo».

Después, el portavoz del grupo Unidos Podemos, Pablo Iglesias, denunció la operación policial, «una situación en la que en España va a haber presos políticos». E insistió: «Que haya presos políticos en España es grave. Yo no quiero que en la democracia haya presos políticos mientras un partido político parasita las instituciones». La referencia del líder de Podemos al término «presos políticos» generó revuelo mediático.

Los diputados de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea abandonaron su trabajo parlamentario normalizado y se concentraron ante el Congreso.

Para la tarde se convocaron movilizaciones en distintos puntos del Estado, en defensa del derecho a decidir y las libertades democráticas.

Fuera de Catalunya, la concentración más multitudinaria se dio en la Puerta del Sol de Madrid, a convocatoria de la plataforma Madrileños por el Derecho a Decidir, que contó con el apoyo de Unidos Podemos, el PDeCAT, ERC, PNV y EH Bildu. Se escucharon gritos de «libertad» y «votarem».

También hubo movilizaciones solidarias con Catalunya y por los derechos democráticos en Galicia, Asturias, Cantabria, Andalucía, Extremadura y Valencia.GARA