El frente policial es definitivo para el desenlace del pulso catalán al Estado, y ayer se consumó el desembarco de Madrid también en este ámbito. En una breve reunión a mediodía instada por la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya anunció a todos los cuerpos policiales la imposición de un órgano de coordinación nuevo liderado por la Guardia Civil. Un eufemismo que lo que significa en la práctica es que los Mossos d’Esquadra quedan privados de sus funciones, o aún peor, conminados a obedecer a la legalidad ajena (estatal) y no a la suya natural (la catalana).

El mandato se trasladó al major de los Mossos, Josep-Lluís Trapero, y como ocurrió cuando ya antes fue instado a impedir el referéndum, obtuvo una respuesta ambigua en forma de circular interna.

En esta comunicación, trasladada a las distintas jefaturas, se indica por un lado que el cuerpo «no comparte que una parte de la actividad sea ordenada y tutelada por un órgano que depende del Ministerio del Interior». Y sin embargo en otro pasaje de expone que «el Cuerpo de Mossos d'Esquadra, a lo largo de su historia, ha mostrado un respeto escrupuloso a las órdenes que le han llegado de jueces, tribunales y ministerio fiscal, posición que evidentemente seguiremos manteniendo». «De la misma manera, el Cuerpo de Mossos d'Esquadra ha mostrado un respeto escrupuloso a la dependencia gubernativa que emana del actual marco normativo», apostilla.

Esta nota interna contrasta con la declaración institucional hecha horas antes por el conseller de Interior del Govern, Joaquim Forn, nada más acabar la reunión, cuando afirmó que Trapero había dejado clara su disconformidad y añadió que esta invasión de competencias «es inaceptable». En consecuencia, además de anunciar batalla jurídica contra la medida excepcional, Forn indicó que los Mossos no renunciaban a sus atribuciones. Ello abría la puerta incluso a algún tipo de colisión.

El objetivo de este nuevo atropello estatal a la autonomía catalana es obviamente garantizar que se veta el 1-0, o que al menos se obstaculiza hasta el punto de imposibilitar un recuento de votos. Pese al envío a Catalunya de al menos 4.000 agentes policiales españoles –que según se afirma seguirán llegando hasta el miércoles–, resulta patente que haría falta un dispositivo muy extenso para actuar en todos los colegios que se abran.

Pérez de los Cobos

La decisión estatal tiene una circunstancia agravante más. Para la jefatura máxima de esa coordinación se ha escogido al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que entre otras cosas fue juzgado por torturas contra Kepa Urra, detenido en enero de 1992, en un caso espeluznante y muy conocido.

Durante el juicio, que se llevó a cabo en 1997, tres guardias civiles fueron condenados con penas de hasta doce años y seis meses de prisión por «trasladar al detenido a un descampado, donde, esposado, le desnudaron, le golpearon con un objeto romo y le arrastraron por el suelo». En 1999 el primer Gobierno de Aznar indultó a los tres.

Pérez de los Cobos quedó exonerado de los hechos, aunque, según denunció Urra, lo había maltratado durante su estancia en el hospital tapándole la nariz y la boca y mediante pellizcos.

El coronel es hermano del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos, firmante de varias decisiones contra el procés.