En declaraciones a Onda Cero, Maza ha recalcado que la Fiscalía está convencida de que Puigdemont está incurriendo en delitos de prevaricación, desobediencia y malversación por los preparativos del referéndum del 1-O.

Y ha explicado que, al estar tipificado el delito de malversación con pena de cárcel, legalmente se dan los requisitos para solicitar su detención.

«Pero eso no quiere decir que se pida o no», ha matizado el fiscal general, quien ha explicado que «de momento» no se ha considerado «oportuno» reclamar esa detención y ha admitido que «esa es una decisión que siempre queda ahí abierta».

El fiscal general también ha descartado que la respuesta a la situación en Catalunya haya sido desproporcionada.

«Al revés, nosotros estamos esforzándonos todos los días por no ir más allá de lo que la ley nos permite y, por supuesto, no ser desproporcionados en ningún momento», ha subrayado.

Maza ha opinado que lo que ha ocurrido hasta el momento en las movilizaciones ciudadanas son hechos de «enorme gravedad», ya que se trata, ha dicho, de un intento de separar parte del territorio del Estado del resto con unos medios «por lo menos tumultuarios».

Por ello, la Fiscalía ha denunciado un posible delito de sedición, tratando de actuar de forma «proporcional», pues la diferencia entre ese delito y el de rebelión está en el nivel de «violencia» que se utilice.

Por otro lado, Maza ha asegurado tambíen que resulta «de lo más obvio» que los distintos cuerpos policiales tengan que coordinarse para actuar ante el referéndum y ha añadido que si el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, «tendrá consecuencias legales» si no lo cumple.

La persona elegida por el Estado ponerse al frente de esa coordinación y que, por tanto, tiene el control de los Mossos, es Diego Pérez de los Cobos, un coronel de la Guardia Civil que fue juzgado por torturas contra el preso vasco Kepa Urra.