Y a falta de tres días para el referéndum, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) hizo acto de presencia. Lo hizo a lo grande, repartiendo cal y arena en todas las direcciones. Apartó de un manotazo a la Fiscalía, que había asumido hasta ahora la responsablidad de frenar el 1-O, y ordenó a todas las fuerzas de seguridad presentes en Catalunya que impidan la apertura de los colegios electorales el próximo domingo. Una orden que la Fiscalía solo había dirigido a los Mossos d’Esquadra.

Por partes. La juez del TSJC Mercedes Armas ordenó ayer a la Fiscalía que cese en sus «diligencias, actuaciones e instrucciones» en contra del 1-O, por lo que el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, no podrá dar más órdenes en contra del referéndum. ¿Significa eso el fin de la persecución al 1-O? Ni mucho menos. El TSJC no solo mantiene la orden de la Fiscalía a los Mossos para que cierren los colegios electorales –aunque no habla de precintarlos el viernes–, sino que la hace extensiva también a la Guardia Civil y la Policía española. Concretamente, ordena a los tres cuerpos «impedir, hasta el 1 de octubre, la utilización de locales o edificios públicos (...) para la preparación de la celebración del referéndum». «En esa fecha (1-O), se impedirá su apertura, procediendo, en su caso, al cierre de todos aquellos que hubieran llegado a aperturarse», añade el auto judicial.

El papel de los Mossos

Quizá sea que la jueza Armas no se acaba de fiar de los Mossos d’Esquadra, y quizá tenga razones para ello. El papel de cada mosso d’esquadra sigue siendo una incógnita, pero que la cúpula hará lo posible por no reprimir el 1-O va quedando clara. Ayer el mayor de los Mossos, Josep-Lluís Trapero, se volvió a reunir con el fiscal Romero de Tejada, y los mandos de la Guardia Civil y la Policía española en Catalunya, a quienes volvió a expresar sus reservas a la orden recibida el martes sobre el precinto de colegios electorales.

Fue a través de la cuenta de Twitter que los Mossos informaron de su posición: «La aplicación de las medidas acordadas por la Fiscalía se debe ajustar a los principios básicos que rigen cualquier actuación policial». Es decir: principios de oportunidad, proporcionalidad y congruencia. «El cumplimiento de instrucciones no excluye la responsablidad profesional de contemplar que aplicarlas puede comportar consecuencias no deseadas», añadieron, en referencia a «la seguridad ciudadana y al más que previsible riesgo de alteraciones del orden público que se puedan derivar».

Una posición que se podría interpretar como una señal de que, allí donde la cantidad de gente concentrada supere la capacidad de acción de los Mossos sin violencia, la Policía catalana no tiene intención de intervenir. Solo es una interpretación, aunque se vio reforzada por las palabras de los responsables políticos de Interior.

También sigue en pie la pugna sobre el control de los Mossos, ya que ayer el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya validó la orden de la Fiscalía de ponerlos bajo el mando unificado del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Sin embargo, el Govern sigue rechazando la subordinación, por lo que ayer convocó la Junta de Seguridad, que es el órgano de coordinación –en pie de igualdad– de todas las fuerzas policiales con presencia en Catalunya. El Ministerio de Interior anunció que acudiría a la cita. Mañana a las 12.00 en el palacio Pedralbes.

La batalla por los colegios

Al otro lado, sociedad e instituciones también se organizan ya para evitar el precinto de los colegios electorales. La iniciativa más pública fue la presentación de la iniciativa Escoles Obertes, con la que la comunidad educativa llama a «evitar la imagen de los colegios precintados como fotografía del día». «Nos comprometemos a hacer posible que el próximo domingo la jornada se desarrolle con toda normalidad», se lee en el manifiesto al que puso voz Josep Maria Cervelló, portavoz de la plataforma SomEscola. «La movilización de la ciudadanía hará que el 1-O sea un éxito, abramos las escuelas, la democracia es invencible», añadió.

Pero bajo las relativamente tranquilas aguas superficiales, el torrente se mueve con fuerza. El conseller de Salud, Toni Comín, cesó ayer a los directores de los consorcios sanitarios para asumir él la responsabilidad de aquellos centros ligados al departamento que el 1-O están designados como colegios electorales. Los mensajes del vicepresident, Oriol Junqueras, que anunció nuevas formas de consultar los centros de votación –Telegram, Twitter y correo electrónico– también dieron a entender que la Generalitat sigue con sus planes de contingencia. Igual que la aplicación para los móviles anunciada por la noche por el president, Carles Puigdemont, para saber dónde se debe votar.

No es difícil pensar que los centros de votación pueden ir cambiando según se desarrolle el 1-O, aunque no hay información al respecto. Una cosa, sin embargo, queda clara: un referéndum como este sería impensable sin Internet.

Con todo, el sigilo es espectacular. En una sociedad y una cultura periodística como la catalana, donde la filtración y la exclusiva es la norma, el silencio de las gargantas profundas es más que significativo. De hecho, es una de las grandes diferencias respecto a la consulta del 9N, hace ahora casi dos años.

El juego de las diferencias

En estas horas previas a un 1-O que nadie sabe cómo se va o no a celebrar, el recuerdo del 9N es inevitable. Hay parecidos y abismos. Entre las similitudes, con toda la distancia, los vaivenes de un Estado que empieza por garantizar que no habrá urnas y acaba dudando ante el tsunami social que intuye. Al menos discursivamente; está por ver hasta dónde llega la ofensiva de las FSE. De las palabras de Soraya Sáenz de Santamaría el 4 de setiembre –«Las autoridades se encargarán de que no se pongan las urnas»– a las declaraciones de Mariano Rajoy en Washington el miércoles –«Lo que no puede haber es un referéndum válido, democrático y con un mínimo de garantía»– hay un matiz de grueso calibre, para todo aquel que lo quiera ver.

Pero hay diferencias colosales, al margen del propio despliegue represivo del Estado. Cada vez que Madrid movía una pequeña ficha en 2014, los partidos soberanistas se veían obligados a convocar una cumbre apresurada en la que todos se tiraban los trastos encima. El naufragio fue una posibilidad muy real. Nada de eso existe ahora. Cada palo de ciego del Estado es respondido inmediatamente por el Govern con un nuevo paso al frente, y en la CUP reina la calma pública y el trabajo discreto.

La sensación de que la parte catalana tiene contemplados todos los escenarios y que el Estado camina cual pollo sin cabeza se va imponiendo. Ayer “El Mundo” apuntaba que la Policía investiga si las urnas han sido distribuidas a través de panaderías. Cualquiera de las opciones es ilustrativa: si es mentira, es que van perdidos; si es verdad, es que el plebiscito ha implicado a tanta gente que conseguir pararlo será realmente difícil.

Los apuntes del día

Violación de las comunicaciones

El senador de EH Bildu Ion Iñarritu envió el pasado miércoles varias cartas a Catalunya con sobres del Senado y una referencia al 1-O en el exterior. El diputado en el Congreso Sergi Miquel la recibió ayer, pero abierta. Toda una violación de las comunicaciones, según explicó Inarritu.

Centro de prensa a punto

Según se dio a conocer ayer, el empresario Jaume Roures, de Mediapro, se encargará de instalar un centro de prensa internacional para el próximo domingo. Será en la Fira de Barcelona, igual que el 9N, solo que ahora su instalación no correrá a cargo de la Generalitat.