Andreu Van Den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa, ha presentado hoy un recurso de reforma contra su ingreso en prisión preventiva ante la jueza Carmen Lamela, que el pasado jueves los envió a la cárcel acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación.

En sus recursos, difundidos por Efe y Europa Press, el letrado rebate los argumentos de riesgo de fuga, reiteración delictiva y ocultación de pruebas en que se basó la magistrada para dictar prisión y alega que sufren «una situación de indefensión evidente».

El abogado sostiene que «ni existe delito de rebelión, ni de sedición, ni malversación de caudales públicos, ni prevaricación ni desobediencia» y por ello ha recurrido la decisión de la juez de admitir a trámite la querella de la Fiscalía, así como la fianza de 6,2 millones de euros que la magistrada fijó a los miembros del Govern ya que cree es «prematura» e infundada, porque no hay prueba de que se gastara esa cifra en la celebración del referéndum. 

A su entender, no puede tolerarse lo que considera una «deriva reinterpretativa que se está adueñando tanto de las acciones presentadas por el Ministerio Fiscal como de las resoluciones judiciales que las apoyan», porque cree que se están haciendo interpretaciones extensivas de la ley en perjuicio de los investigados.

Tres argumentos

El recurso impugna la querella en base a tres argumentos: la inexistencia de competencias de la Audiencia Nacional para instruir este caso; la «irregular» tramitación del procedimiento y la fianza de responsabilidad civil, que cree improcedente.

Reitera su oposición a que la Audiencia Nacional pueda investigar delitos de sedición y rebelión y alude a un auto del mismo tribunal de diciembre de 2008 que determinaba su incompetencia: «Es un precedente conocido incluso a nivel ciudadano, más allá incluso de la órbita de los juristas».

En cuanto a la tramitación del procedimiento, el recurso recuerda que hay distintas causas abiertas por el proceso independentista repartidos en varios juzgados de forma paralela, «perjudicando con todo ello a los investigados y a sus posibilidades de defensa eficaz».

También argumenta que su encarcelamiento vulnera el derecho «a la participación política» en las elecciones del 21D y que el Govern no ha emprendido «ningún acto ejecutivo» desde que fue cesado por el Gobierno español, por lo que no existe riesgo de reiteración delictiva.