El president Puigdemont ha situado su exilio en Bruselas como una apelación a la Unión Europea que tiene allí su capital y no al Estado belga. Pero sin embargo es este y no aquella quien debe responder a la euroorden presentada por Madrid. La patata caliente catalana ha caído de golpe sobre la mesa de un gobierno, de un sistema político al completo, caracterizado por sus precarios equilibrios internos, ejemplificados en la crisis de 2010-2011 que dejaron al país durante 541 días sin gobierno y lo abocaron a una reforma del modelo de Estado. Del impacto allí del caso Puigdemont da fe que ayer el primer ministro, Charles Michel, tuviera que responder a once preguntas sobre el tema (la mitad de las 22 formuladas) en la Comisión de Interior del Parlamento Federal en la que comparecía.

Los aparatos del Estado español se dieron por satisfechos con dos afirmaciones de Michel: «Tenemos un interlocutor que es el Gobierno de España» y «Puigdemont es un ciudadano europeo que debe responder de sus actos, con derechos y obligaciones, sin privilegios». Desde La Moncloa, Mariano Rajoy corrió a agradecérselo: «Lo comparto, mi único interlocutor es Bélgica», tuiteó en inglés, español y francés, la lengua que usa Michel y la que también decidió emplear el legítimo president catalán en el acto anteayer en Bruselas con 200 alcaldes. Rajoy había asistido con preocupación al crudísimo cruce verbal del fin de semana, con el anterior primer ministro belga llamando «franquista autoritario» al actual mandatario español y el portavoz del PP en el Parlamento Europeo tildando de «xenófobo» a N-VA, el partido mayoritario del Gobierno de Michel.

19% de injerencia, 9% de voto

Rajoy se encomienda por tanto a Michel. Pero para empezar el Ejecutivo federal belga ha subrayado desde el primer minuto que la decisión será exclusivamente judicial y la separación de poderes no es allí una quimera como aquí: según un Barómetro realizado por la Comisión Europea este año el Estado español es el cuarto de la UE en que mayor injerencia política en los tribunales se detecta (con una tasa del 50%) mientras Bélgica está en los puestos de cola (19%).

En paralelo, el primer ministro lidera el Gobierno pero está en minoría dentro frente a los nacionalistas flamencos de la N-VA, alineados de modo cada vez más expreso con la causa catalana. A las voces anteriores del ministro de Interior y del de Inmigración se sumó ayer la del de Finanzas, Johan van Overtveldt. Preguntado por si le molestaba que en el acto de los alcaldes catalanes se citara a N-VA como «amigos», replicó que «lo molesto es que en una democracia haya personas en prisión por sus ideas políticas».

En las elecciones de 2014 N-VA obtuvo 1,3 millones de votos, más del doble que el centrista MR del primer ministro, que fue el tercer partido y no llegó siquiera al 10% del voto válido (9,64%). En el atomizado mapa político belga, el Gobierno actual es fruto de una coalición de cuatro fuerzas; tres de ellas son flamencas y dos nacionalistas. Puede decirse sin género de duda que ante el expediente catalán Michel está en minoría en su propio ejecutivo. Y las presiones españolas no van a facilitar su posición, cuando han sido rechazadas expresamente por dos ex primeros ministros de otras fuerzas: el liberal Verhofstadt y el socialista Di Rupo.

La cuestión lingüística también levanta muchas suspicacias en Madrid. Como ya se ha apuntado, la pugna política se libra en francés, pero la jurídica se va a ventilar en neerlandés, la lengua cooficial tanto en la región de Flandes como en la de Bruselas. El Estado español ve peligroso que la entrega o no de Puigdemont vaya a ser decidida en primera instancia por un juez flamenco, en el que advierte más riesgo de empatía con el independentismo catalán que en la minoría valona o la bruselense. Paul Bekaert, el abogado especialista en derechos humanos escogido por el president y que antes llevó casos de refugiados vascos como Jaione Jauregi, es flamenco y su lengua natural es el neerlandés.