«No seré el presidente que lleve muertos a la calle». Estas palabras fueron pronunciadas hace un mes por el president, Carles Puigdemont, en una reunión de urgencia convocada a las 10.30 de la mañana en el Palau de la Generalitat con el grupo parlamentario de Junts pel Sí. Los citó para anunciarles que había decidido convocar elecciones. Era 26 de octubre, quizá el día más intenso y crucial de los últimos meses catalanes. Con permiso, claro está, del 1 de octubre. No es poco decir.

«Yo llegué un poco tarde, y me encontré con unas caras de funeral terribles», narra a GARA una diputada de JxSí. La mayoría del grupo parlamentario apostaba por llevar los resultados del 1-O al Parlament y proclamar la República, pero el president, reunido el día anterior hasta la madrugada con los miembros del Govern y su círculo de asesores más cercano, tenía otros elementos de juicio.

Se trataba, principalmente, de la amenaza de violencia por parte del Estado, aunque no solo –también se reconoció la falta de apoyo internacional, por ejemplo–. «El president nos dijo que el Govern había tenido conocimiento, a través de fuentes fiables, de que el Estado preparaba una ofensiva violenta extrema en caso de una declaración de independencia», explica otra de las diputadas presentes en la reunión. «Visto lo visto el 1 de octubre, las amenazas tenían todo el sentido del mundo», añade. Cuenta, además, que vio al president «no derrotado, pero sí triste». «Era evidente que no era de su gusto lo que estaba a punto de hacer», añade esta parlamentaria de JxSí, que aquel día abandonó el Palau convencida de que no habría proclamación y sí una convocatoria electoral.

Las garantías de Urkullu

Un mes ha sido suficiente para generar una abundante literatura sobre lo que se movió entre bambalinas en aquellas horas. Pero habrá que esperar bastante más para conocer todo lo que realmente ocurrió, si es que lo llegamos a saber. Una persona directamente implicada en los movimientos destinados a que Puigdemont convocase elecciones confirma a este periódico la mediación directa del lehendakari Urkullu al máximo nivel, haciendo de puente entre Puigdemont y Mariano Rajoy. Esta fuente confirma también, de buena tinta, que el Gobierno español no dio ninguna garantía de que la convocatoria electoral fuese a frenar automáticamente la embestida que el Estado español ya preparaba.

Esta fue la cuestión clave que, según confirman las dos personas presentes en la reunión del Palau, muchos diputados de JxSí pusieron encima de la mesa al conocer la intención de Puigdemont de convocar comicios. «Muchos le preguntaron si tenía la certeza o la garantía de que Rajoy iba a frenar el 155 si anticipaba las elecciones, y su respuesta fue que no. Rotundamente, no», explican. Este elemento es crucial para entender lo que ocurrió a continuación. Rajoy pudo dar las garantías que hubiesen permitido a Puigdemont explicar a su parroquia el adelanto electoral, pero no lo hizo. La reacción en el seno del independentismo –también en sectores del mismo PDeCAT– contra la decisión de convocar comicios fue inmediata y condicionó el margen de maniobra de Puigdemont.

El resto es historia más o menos conocida, ya que se desarrollo a la luz pública. Tras cancelar la declaración en la que iba a anunciar las elecciones –el texto estaba ya escrito después de numerosos borradores–, el president compareció finalmente a primera hora de la tarde: «No hay ninguna intención (por parte del Estado) de frenar la represión y procurar unas condiciones de ausencia de violencia en las que unas posibles elecciones se deberían celebrar». «Corresponde al Parlament proceder con lo que la mayoría parlamentaria determine», añadió Puigdemont, dejando la decisión en manos de unos diputados que al día siguiente, 27 de octubre, aprobaron la proclamación de la República catalana.

El factor de la violencia

Incluir el factor de la amenaza de violencia por parte del Estado en la ecuación ayuda a descodificar en cierta parte –solo en parte– el comportamiento de los líderes independentistas tras la proclamación de la República. No se tomó ni una sola decisión ejecutiva y se pidió a la gente que se fuera a casa. Al día siguiente Puigdemont se dejó ver en Girona y pocas horas después se trasladaba a Bruselas.

Volvamos, por tanto, a la reunión del día 26 en el Palau. Es ahí donde se ponen todos los elementos encima de la mesa; donde Puigdemont explica que podrá soportar que lo llamen cobarde, pero no que le carguen muertos a la espalda. La actividad de grupos españolistas y de extrema derecha ayudaba a dar forma a las amenazas. Acertadas o no, las decisiones que toma desde aquel día hay que leerlas en ese contexto.

Con todo, siguen siendo más las preguntas que las respuestas acerca de aquellas cruciales horas. ¿Por qué no se hacen públicas estas amenazas en el momento de ser recibidas? ¿De dónde viene esta información sobre la violencia estatal a la que el Govern otorga toda la credibilidad? De momento, el silencio es absoluto y monacal. Y finalmente, ¿tenían constancia de estas amenazas aquellos que mediaron con el objetivo de que Puigdemont convocase elecciones y se evitase así la proclamación de la República por parte del Parlament?